Se busca a Juan Caguaripano, el militar desertor que huyó junto a nueve compañeros tras el golpe de Estado frustrado. Un viejo conocido de Maduro desde 2014, cuando dejó el Ejército y fue acusado de rebeldía.
"Pido la máxima pena para todos aquellos complotados de este ataque terrorista", ha demandando Nicolás Maduro. Esa pena máxima en Venezuela son 30 años de prisión por traición al país. Maduro le ha acusado a él y al otro militar sublevado de actuar a sueldo de países extranjeros.
"No serán unos terroristas que vienen de Miami o Colombia, unos mercenarios, los que paren el ritmo de esta patria, de esta revolución", añade el presidente venezolano. El resto de los sublevados son, según el Gobierno, civiles, como también lo son los aún diputados opositores que han seguido con su trabajo.
"Esta Asamblea debe ser hoy un espacio para la crisis humanitaria de Venezuela", ha destacado un diputado opositor. Frente a ellos se hallan los seguidores de Maduro, que han marchado hacia el Parlamento para mostrar su apoyo a la Constituyente. Una de sus primeras decisiones ha sido destituir a la fiscal general Luisa Ortega. Ella, crítica con el proceso, no reconoce su despido: "Cualquier hecho que pueda poner en peligro mi vida responsabilizo al Ejecutivo nacional".
Su sustituto, designado por la nueva Cámara, ha comparecido esta tarde para explicar las razones del cese de Ortega. "Esa actitud atentaron contra la paz de la República, para prácticamente sumir este país en una situación de guerra", Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela. El golpe frustrado se une al caos político y social que vive el país. Sin embargo, el Ejército insiste en su lealtad al chavismo.