La Audiencia Nacional ha condenado a cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta para cargo o empleo público a un excontable del Consulado de España en Cantón, China, por apropiarse de cerca de 300.000 euros de la caja falsificando los extractos bancarios que remitía al Ministerio de Exteriores.

El acusado, Carlos Gabriel Lozoya Barbero, que deberá indemnizar a Exteriores con los 295.391 euros que se ha comprobado que sustrajo entre abril de 2012 y noviembre de 2013, ocupaba el puesto de Canciller-Cajero pagador, y por tanto era el encargado de llevar la contabilidad, desde 2010, cuando se detectaron irregularidades en los asientos contables del Consulado.

En su sentencia, la sección tercera de lo Penal considera probado que desde el 27 de abril de 2012 hasta noviembre de 2013 "practicó asientos contables que no coincidían con los extractos del banco en el que la representación tenía cuenta abierta".

El acusado había hecho constar en la aplicación informática en la que realizaba los asientos contables "cantidades muy superiores" a lo "realmente ingresado en el banco y enviaba al Ministerio extractos inauténticos a fin de cuadrar aparentemente los saldos".

La División de Control de la Gestión del Ministerio de Exteriores, dentro del plan anual de visitas, comunicó el 27 de noviembre de 2013 que acudiría al Consulado, pero coincidió en que en esas fechas el Canciller-cajero se encontraba de vacaciones. Se acordó entonces que la visita tendría lugar cuando se incorporara el 9 de diciembre, para lo que tendría que tener al día la contabilidad y preparada la documentación.

Sin embargo, "el Canciller no regresó al Consulado y remitió una baja médica por depresión de fecha de 5 de diciembre", relata la sentencia. El 12 de diciembre, el equipo de control hizo un recuento del dinero en efectivo que había en el Consulado y calculó el saldo contable "teniendo en cuenta los ingresos, gastos y traslados de dinero al banco pendientes de contabilizar", lo que arrojó "un faltante en caja de 133.665" yuanes (moneda china), tal y como determinó por sentencia el Tribunal de Cuentas en 2015.

Además, "al comparar el reflejo contable de los datos bancarios con los reales, se detectaron diferencias", por lo que se "recabaron copias de todos los extractos localizados" en el Consulado, los remitidos al Ministerio y las copias enviadas al Banco de China, donde la legación tenía abierta su cuenta bancaria.

La entidad bancaria certificó las discrepancias "entre los datos de su contabilidad y los de las fotocopias aportadas, no siendo además los originales que había expedido" el banco.

Al aportar la entidad los extractos originales se pudo cuantificar en 2,3 millones de yuanes la cantidad de la que se pudo apropiar el acusado, que desde el 27 de abril de 2012 había realizado "manipulaciones de los extractos originales, adaptándolos con cantidades superiores a las certificadas por el Banco de China, puesto que en once ocasiones se había ingresado menos de lo declarado en la contabilidad".

En el despacho del Canciller fue hallada la principal prueba de cargo contra él, un extracto bancario fotocopiado en el que había anotando nuevas cantidades que era "las que luego copiaba en los registros contables adjuntando fotocopias manipuladas de los extractos".

Según la sentencia del Tribunal de Cuentas, que menciona la de la Audiencia Nacional, "el total faltante entre caja y banco respecto a la contabilidad reflejada" quedó establecido en 295.319 euros.