La primera moción de censura contra el Gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, no obtuvo los votos necesarios para tumbar al Ejecutivo, pero evidenció lo que ya se sabía, que su continuidad depende de la voluntad de la líder ultraderechista Marine Le Pen.
Frente a una izquierda hostil, que puso sus 193 diputados en pie de guerra contra un jefe de Gobierno que apenas cumple un mes en el cargo, el Ejecutivo se sostuvo en los votos de los partidos que le apoyan, los macronistas y sus aliados y la derecha tradicional, y los de la extrema derecha.
La moción de censura de la izquierda solo logró atraer cuatro votos de diputados regionalistas y se quedó muy lejos de los 289 que necesitaba para derribar al Ejecutivo. Pero la moción mostró que Barnier depende de Le Pen y que la izquierda es la única gran oposición parlamentaria.
El líder socialista, Olivier Faure, el encargado de defender la moción, recordó que fue la izquierda quien ganó las pasadas legislativas de julio y que su Gobierno carece, por tanto, de legitimidad. "El suyo es el Gobierno de un partido destruido, apoyado por otro partido que fue derrotado tres veces en un mes y se sostiene gracias la extrema derecha que fue rechazada por dos tercios de los franceses", aseguró Faure.
Barnier replicó que, aunque no tiene mayoría absoluta, su Gobierno reposa en la alianza de macronistas y la derecha moderada, lo que totaliza más de 200 diputados, el mayor grupo de la cámara de 577. Una mayoría débil pero que el excomisario europeo quiere reforzar a través de acuerdos puntuales que consideró "vitales" ante la situación catastrófica de las arcas públicas, a cuyo restablecimiento apeló a todos los grupos.
El primer ministro presentará esta semana su proyecto de presupuestos y pretende que, sobre el mismo, que incluirá 40.000 millones de euros de recortes de gastos y 20.000 millones de alzas de impuestos a los más ricos, se cree una nueva concordia que le permita sobrevivir.
Impopular antes que irresponsable
"Asumo el riesgo de ser impopular, pero no el de ser irresponsable", clamó Barnier frente a los gritos de la izquierda. Como la semana pasada, cuando presentó su programa de Gobierno, Barnier volvió a escudarse en la urgencia de la situación presupuestaria para pedir oxígeno, puesto que el presidente no puede disolver la cámara y convocar nuevas elecciones antes del próximo verano.
Una ecuación compleja porque todos los diferentes grupos parlamentarios imponen exigencias contradictorias y que los alcaldes del país ya han alertado que no están dispuestos a apretarse el cinturón como les exige el Ejecutivo.
Los diferentes componentes de la izquierda reprocharon a Barnier "continuar la política fracasada de Macron con el sustento de la extrema derecha", como replicó la diputada ecologista Cyrielle Chatellain. O de haber "asaltado el Gobierno", como indicó la portavoz de la izquierdista La Francia Insumisa, Clémence Guetté, que recordó que el Ejecutivo incluye a ministros que votaron contra la inclusión del aborto en la Constitución y contra el matrimonio homosexual.
Los aliados del Gobierno reprocharon a la izquierda que haya rechazado el diálogo y a los socialistas que hayan ligado su futuro al de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, en lugar de hacer propuestas responsables. Pero la extrema derecha, como estaba previsto, salvó al Ejecutivo, aunque lo hizo dejando planear sobre su futuro una espada de Damocles.
"Ardemos en deseos de votar la censura, no descartamos hacerlo en el futuro, pero no daremos este gusto a la extrema izquierda (...) Su Gobierno no nos gusta, pero la ausencia de Gobierno sería peor", afirmó su portavoz, Guillaume Bigot, que ocupó el puesto de Le Pen en el estrado.
El diputado avisó, sin embargo, que la sentencia puede ser otra si el Gobierno no cumple sus compromisos en sus tres grandes demandas, mejorar el poder adquisitivo de las clases medias, la mejora de la seguridad y la lucha contra la inmigración.
"Hemos visto que un 'tuit' de Marine Le Pen sirve para cambiar la postura del Gobierno o la posición de algunos de sus ministros (...) Pensamos ejercer presión en una lógica de mal menor", insistió Bigot.
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Pero rechazó las acusaciones de la izquierda de que la extrema derecha es la muleta del Ejecutivo y recordó que Mélenchon y Macron unieron fuerzas para evitar que muchos diputados de Le Pen fueran elegidos, lo que evitó que alcanzaran una mayoría parlamentaria pese a que, con once millones de votos, fueron el partido más votado.