El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llevado un saco de carbón a la Delegación del Gobierno en Barcelona para mostrar su rechazo al aumento este año de las pensiones de sólo un 0,25% y reclamar que éstas se revaloricen en base a la inflación, como ocurría antes de la reforma del PP.
Álvarez, que ha acompañado hasta la sede de la delegación del Gobierno a un grupo de jubilados de UGT, ha reivindicado que se restaure la revalorización en relación al IPC porque "es justo y razonable en un país como el nuestro, con pensiones bajas que no permiten a los jubilados llegar a final de mes".
En declaraciones a los periodistas ante la Delegación del Gobierno en Barcelona, el líder de UGT ha asegurado que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy "no se merece ni siquiera el carbón, porque muchos pensionistas no van a tener este invierno ni luz, ni gas, ni calefacción" y porque "está llevando a muchas personas de nuestro país a una situación de miseria inaceptable".
Esta acción de protesta, que coincide con la vigilia del día de Reyes, ha sido replicada por UGT en otras ciudades españolas, como Madrid. Además de la revalorización de las pensiones en función de la previsión del IPC, que está por encima del 1%, el sindicato defiende, en el marco de la reforma del Pacto de Toledo, que las subvenciones y ayudas a la contratación sean asumidas por los presupuestos generales del Estado para aliviar la presión de tesorería que sufre la Seguridad Social.
Además, reclama que sean también los presupuestos los que financien los gastos de la estructura de la administración de gestión de la Seguridad Social, entre otras medidas. Pepep Álvarez ha destacado que, en paralelo, el Gobierno tiene la obligación de "crear empleo de calidad", convencido de que "con los puestos de trabajo que se crean ahora no habrá autosuficiencia del sistema de pensiones porque sólo se genera empleo basura con salarios inaceptables de 350 y 400 euros".
Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha denunciado "la estafa democrática" que ha llevado a cabo, a su juicio, el Gobierno del PP al subir las pensiones un 0,25 % cuando el Congreso votó a favor de un incremento de más del 1%.
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