El Gobierno aprueba este martes el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), el nuevo impuesto digital conocido como 'tasa Google'. Con su aplicación, el Gobierno prevé recaudar 1.200 millones de euros al año.

Pero, ¿en qué consiste? La llamada 'tasa Google' es un impuesto que tendrán que abonar las empresas cuyos ingresos anuales superen los 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones. Así, pretenden que plataformas como Google, de ahí su nombre, tributen en los países en los que hacen negocio y no en territorios en los que la fiscalidad es más baja.

La 'tasa Google' fija un tipo del 3% a los ingresos por la publicidad en línea y la venta de datos que el usuario otorga a la empresa mediante las 'cookies'. Estará exento el comercio electrónico que implica la venta de bienes o servicios contratados directamente al proveedor, sin intermediario.

El impuesto, que prevé sanciones, no entrará en vigor hasta diciembre

No obstante, este impuesto no entrará en vigor hasta el mes de diciembre, por lo que la recaudación se hará a finales de año.

Y habrá consecuencias de no cumplir con el pago. La norma prevé sanciones de hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior para las empresas que traten de ocultar la ubicación del usuario u otras pruebas.

La 'tasa Google' no es nueva. Se trata de una medida que ya propuso llevar a cabo la Unión Europea, y que tiraron Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia con su oposición. Pese a ello, Francia aprobó este impuesto en 2019, aunque tuvo que aplazar su entrada en vigor tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Así, el país galo no aplicará esta tasa hasta que no se alcance un pacto a nivel internacional con la OCDE.

¿Cómo afectará al usuario? Es cierto que no supondrá gasto alguno para el consumidor. Pero según AMETC, la patronal de la industria tecnológica digital en España, este impuesto tendrá un impacto negativo en el Producto Interior Bruto de España de entre 586 y 662 millones de euros, con los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (pymes) como los más perjudicados.

Además, esta patronal sostiene que las grandes empresas como Amazon, Google o Facebook podrían repercutir este impuesto en el precio final a las pequeñas empresas, autónomos y usuarios que utilizan estas plataformas.