El Gobierno no quiere ni oír hablar de la propuesta de contrato único que le lanzó ayer la Comisión Europea. Más claro, imposible: Fátima Báñez dice que el contrato único es inconstitucional.
El Ejecutivo cierra filas. Incluso el único ministro que en el pasado pidió claramente la unificación de contratos, Luis de Guindos, en Bruselas ha mantenido la línea oficial. Una postura la del Gobierno en la que, y esto es toda una noticia, los sindicatos están completamente de acuerdo.
Bastante más sorprendente es que esta vez también la patronal exprese dudas. El presidente de los empresarios, Juan Rosell, ha afirmado que "no se puede tener un contrato para todo".
Se diría que todo el mundo está en contra del contrato único pero aún hay quien cree en él. En concreto el grupo de economistas que lleva seis años proponiéndolo. No les parece la solución perfecta, pero creen que creará empleo porque, dicen, beneficiará a los más jóvenes.
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El detonante Un litigio entre el Ayuntamiento de Tarragona y una empresa que pretendía instalar estos alojamientos en un camping como si fueran remolques ha hecho pronunciarse al Alto Tribunal.