"Pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades", según Celaá.
Ha insistido en que la medida de Trabajo está en fase de desarrollo normativo, puede ser modificada a través de enmiendas y que ella va a "remar en la corrección de esta medida".
Lo ha declarado este martes en la Comisión de Educación del Congreso y tras la petición de comparecencia del PP para que explique los efectos del real decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y empleo, propuesto por el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social.
Esta medida "no puede nunca generar perturbación en el sistema y no conseguir su mejora", ha recalcado Celaá, además de responder al PP que sin conocer el desarrollo normativo, "no se puede cuantificar, ni siquiera por aproximación" el importe o la cuantía de esa futura cotización de las prácticas.
Para la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, ha habido una "descoordinación tremenda" dentro del propio Gobierno con este tema y ha asegurado que puede afectar a 500 mil estudiantes.
Una cifra que, según Moneo, equivale al dato de casi 600.000 afiliados menos a la Seguridad Social en enero; "no me gustaría pensar que esta es la razón exclusiva" por la que se ha adoptado una medida que crea "tensión" en comunidades autónomas, centros educativos y empresarios, ha aseverado.
Celaá se ha referido especialmente a la oferta de prácticas académicas no universitarias, es decir, a las que afectan a la Formación Profesional (FP) de grado medio y superior pues lo referente a las prácticas universitarias implica al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que está previsto que se reúna mañana con Trabajo, los rectores de la CRUE y los universitarios para tratar el tema.
"Es importante reflexionar sobre las consecuencias del posible desarrollo del real decreto y que no supongan desincentivación de la participación del sector productivo en su relación con el educativo", ha comentado.
Otro tema protagonista en la Comisión ha sido el de las deducciones al IRPF que se hacen las familias por las donaciones en los centros concertados después de que Ciudadanos preguntara el pasado noviembre si pensaba el Gobierno aplicar "un cambio interpretativo" en ello.
Celaá, que ha cifrado el cómputo total de estas deducciones en más de mil millones de euros (sin aclarar en qué periodo), ha especificado que es un tema de impuestos y que corresponde tratar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Precisamente Montero ha comentado que "no ha habido ningún cambio de criterio de la Agencia Tributaria" y que "lo único que parece es que se habían desgravado algunas familias donaciones cuando no es una donación: es un dinero que se entrega a cambio de una prestación". "La mayoría de las familias lo consignan adecuadamente", ha recalcado la ministra de Hacienda.
Unas declaraciones en las que ha coincidido la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se ha mostrado partidaria de cumplir la ley del Mecenazgo, la cual aclara el régimen fiscal de donaciones y cuándo se pueden desgravar.
Por su parte, la red de Escuelas Católicas ha recordado en un comunicado que la Agencia Tributaria ha admitido estas deducciones desde hace veinte años, que no ha habido ningún cambio y que siempre que se cumplan los requisitos previstos en la ley pueden ser objeto de desgravaciones.
Sobre la reforma educativa del Gobierno, Celaá ha anunciado que "en unos días" presentará el articulado completo de la nueva ley con la que quiere derogar la Lomce.