Alcoa asegura que ha sido "imposible" llegar a un acuerdo para vender la planta de aluminio primario de San Cibrao (Lugo) a la multinacional británica interesada en comprar el complejo industrial, como consecuencia de las "demandas poco razonables de GFG Alliance".
Durante toda la madrugada el Gobierno y la Xunta de Galicia le han ofrecido a la empresa todas las alternativas. El Ministerio de Industria ha ofrecido, incluso, la posibilidad de comprar mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la fábrica para luego venderla a Liberty, pero no han logrado un acuerdo.
Alcoa ha explicado en un comunicado que ha negociado "de buena fe a lo largo del proceso" y ha hecho una "oferta equilibrada" para ambas partes, con "varias concesiones para llegar a un acuerdo", mientras que GFG "no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y ha insistido en términos comerciales poco razonables".
Así, Alcoa ha citado al comité de empresa en Nigrán, Pontevedra, para negociar una posible inminente salida de los trabajadores. José Antonio Zan, presidente del comité, ha advertido de que los empleados continuarán "luchando" y no permitirán "que esto se lleve a cabo".
Así lo ha manifestado en una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que ha tachado lo que está ocurriendo de "ataque al Estado de Derecho". "Si dos ministerios y la Xunta no pueden impedir que una multinacional venda unas instalaciones que están en terreno del Estado, es que el Estado de Derecho no tiene sentido en España".
Por su parte, la empresa segura que GFG tiene interés en una venta futura de la refinería de alúmina, que forma parte del complejo industrial de San Cibrao, lo cual está fuera del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores el 13 de agosto, dado que solo se planteó la venta de la planta de aluminio primario exclusivamente.
Según la multinacional estadounidense, la planta de San Cibrao se encuentra en una situación insostenible debido en gran parte a la falta de un marco energético competitivo en costes y certidumbre para la producción de aluminio, de modo que ha acumulado pérdidas que suman más de 110 millones de euros en los dos últimos años -2018 y 2019-.
Alcoa reconoce que el Gobierno también hizo propuestas en los últimos días a través de la SEPI, pero considera que "también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería".