Se trata, por tanto, de un paso firme hacia la defensa, fomento y protección de la fiesta de los toros en unos tiempos en los que no se cesa de poner en tela de juicio su ética y moralidad como espectáculo, muy criticado dentro y fuera de España.
Para su defensa se ha potenciado una Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, que a partir de hora deja de ser órgano consultivo para elevar sus funciones a ejecutivo y legislativo, y que llevará a cabo un Plan Nacional de Protección y Fomento de la Tauromaquia, bajo la supervisión directa del ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
A partir de esta declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural se pretende, en un futuro, llevarla a Europa para que sea también declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y blindarla también a nivel internacional.
El origen de todo este proceso legal estuvo en una iniciativa legislativa popular (ILP) llevada a cabo en 2011 por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña que tenía por objetivo declarar la fiesta de los toros bien de interés cultural (BIC), a raíz de la prohibición de la misma en esta región en 2010.
Al ser una ILP a nivel nacional se requería la recogida de un mínimo de 500.000 firmas, validadas por el Congreso en febrero con los votos favorables del PP, UPyD y UPN, la abstención del PSOE y la negativa del resto de grupos parlamentarios.
Tras varios meses ampliándose el plazo de enmiendas, y tras las comparecencias en la Comisión de Cultura del Congreso de un grupo de expertos nombrados por cada formación política para defender sus respectivas posturas, el proceso normativo de la tauromaquia afrontó su recta final en los últimos días de septiembre.
El día 26 de septiembre tuvo lugar el debate a la totalidad, donde fueron rechazadas todas las enmiendas presentadas, las más reacias contra lo taurino, las presentadas por la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA), ERC, Compromis y CiU, Especialmente las tres primeras, que llevaron a cabo el discurso más puramente antitaurino, mientras que CiU se basó únicamente en términos competenciales.
Las únicas enmiendas favorables a las prácticas taurinas fueron las presentadas por UPyD que ya instó al gobierno a cambiar la declaración de los toros a patrimonio cultural inmaterial, y UPN, que pedía que la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos pudieran tomar decisiones vinculantes.
Precisamente esta última fue la enmienda aceptaba por el PP, que también introdujo finalmente la modificación sugerida desde UPyD para declarar la tauromaquia patrimonio cultural en lugar de BIC para "dotar al texto de una mayor fuerza legal".
Las enmiendas parciales, del mismo tono de las totales, también fueron rehusadas en la Cámara Baja, mientras que el texto final si fue aceptado con los votos a favor de PP y UPN, las abstenciones de PSOE y UPyD, y los votos en contra de ERC, Izquierda Plural, PNV y CiU.
Por último, los dos trámites del Senado: el rechazo de enmiendas y propuestas de veto en la Comisión de Cultura y la aprobación final del proyecto de ley para que, a partir de ahora y tras su publicación inmediata en el BOE, adquiera rango de ley propio y pueda ser desarrollada.
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