Casi 3.000 millones para que las ciudades cumplan con la obligación de tener una zona de bajas emisiones

En 2023, dentro de un año y medio, todas las ciudades españolas que tengan una población de más de 50.000 habitantes deberán contar con una zona de bajas emisiones. Obligatoriamente. Con el objetivo de acelerar la implantación de esas áreas restringida al tráfico de vehículos contaminantes, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una partida de 2.916 millones de euros de fondos europeos para las ZBE.

La creación de estas zonas es una medida incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y ha sido el Plan de Recuperación en el encargado de proporcionar los fondos para darle forma. Un presupuesto en el que, por ejemplo, también está contemplado el Plan Moves III o la instalación de nuevas estaciones de recargar para ampliar la red existente en nuestro país.

En términos globales, España tiene previsto invertir un total de 6.536 millones de euros en movilidad sostenible dentro de los entornos urbanos. De esa cantidad, casi la mitad (concretamente un 44%) irán destinados, como decíamos, a la adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga (2.000 millones) así como a los Cercanías: 1.620 euros para mejorar estaciones, vías, sistemas de información, etc.

Las ZBE de 2023

Otros 2.916 millones de euros pondrán rumbo a las ciudades con más de 50.000 habitantes que tendrán que acotar una zona de bajas emisiones antes de 2023: en total son 149 municipios. No obstante, el gobierno ya ha anunciado que estas ayudas procedentes de Europa podrían ser extensibles a aquellas localidades con más de 20.000 habitantes que tengan transporte público.

¿Cómo se repartirán? Las subvenciones oscilarán entre el 20 y el 100% y tendrán como destino las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las empresas. Así se hará el reparto y así se podrán invertir estos fondos.

Comunidades autónomas: 900 millones

Las ayudas podrán destinarse a financiar medidas que prioricen el transporte público colectivo, mejoras en estaciones de autobús, metros y ferrocarriles autonómicos, itinerarios peatonales, proyectos de digitalización y aparcamientos disuasorios fuera de las ZBE.

Ayuntamientos: 1.500 millones

En el caso de los ayuntamientos contarán con un apoyo económico que les permitirá equiparlas con sistemas de control de acceso, de gestión, señalización y sensores de calidad del aire. Además, si lo necesitan, podrán incluir la consultoría para el proyecto.

Al mismo tiempo podrán acceder a subvenciones para adquirir autobuses híbridos, eléctricos o de hidrógeno además de destinar su correspondiente partida a acciones relacionadas con la movilidad saludable: carriles exclusivos para el transporte público, carriles y aparcamientos para bicicletas, peatonalización de calles, creación de supermanzanas, mejoras de accesibilidad o instalaciones para la distribución de mercancías.

Algo a lo que hay que sumar 105 millones para mejorar las carreteras del estado que estén dentro de los entornos urbanos.

Empresas: 400 millones

Por último, las empresas de transporte de viajeros que no sean municipales y las compañías de camiones que quieran renovar sus flotas contarán con una serie de ayudas que incluyen una línea destinada al achatarramiento.

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