Tribunales
Iustitia Europa y Hazte Oír piden al Supremo extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'
Los detalles Plantean que esos sufragios se reciban, pero permanezcan "separados y bajo custodia", sin sumarse al escrutinio, "hasta que finalice la comprobación ordenada y pueda determinarse su situación electoral".
Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo.Resumen IA supervisado
Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión del voto CERA del Anexo III, que afecta a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la 'ley de nietos'. La formación, que participa en las elecciones del 29N en Madrid, busca medidas cautelares para que estos votos sean identificados antes de su inclusión en el escrutinio. A finales de julio de 2026, había 189.678 inscripciones en el Anexo III, cifra que aumentó a 195.872 en agosto. Hazte Oír también ha expresado preocupaciones sobre la transparencia electoral y ha pedido que se identifique a los votantes afectados. La 'ley de nietos' es parte de la Ley de Memoria Democrática, permitiendo a descendientes de exiliados obtener la nacionalidad española.
* Resumen supervisado por periodistas.
Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo suspender el voto CERA del Anexo III, relativo al voto de los hijos e hijas mayores de edad de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española de origen en los supuestos previstos por la denominada 'ley de nietos'.
La formación, que concurre por Madrid el 29N, solicita nuevas medidas cautelarísimas, sin escuchar al Gobierno ni a los afectados, para impedir que esos votos produzcan efectos hasta que la Administración identifique a los electores afectados y su relación con los progenitores ya sometidos a cautelares.
La nueva petición se produce después de que la propia Administración haya aportado datos que revelan la dimensión de este colectivo. A 31 de julio de 2026, inmediatamente antes del cierre del censo electoral aplicable a estas elecciones, constaban 189.678 inscripciones correspondientes al Anexo III.
Un mes después, según explican en el documento presentado al Supremo, "el Gobierno elevaba a 195.872 las nacionalidades ya concedidas por esta vía y reconocía otras 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción".
La formación solicita que los sufragios puedan ser recibidos, pero permanezcan separados y bajo custodia, suspendiéndose su incorporación al escrutinio hasta completar la identificación.
Iustitia Europa advierte de que el voto en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ya está en marcha, ya que el primer envío de documentación se desarrolla del 24 al 30 de octubre y la remisión de votos empieza el 4 de noviembre.
Por eso, sostiene que "el tiempo electoral disponible exige que esta comprobación se produzca antes de que los sufragios correspondientes queden incorporados definitivamente al escrutinio". Recuerda además que, a 21 de octubre, la Administración había examinado 31.390 expedientes de los 163.020 del Anexo I y expedido 91 certificaciones, por lo que, si la identificación se retrasa, "la tutela podría resultar tardía".
La formación precisa que su solicitud se formula "como una medida de conservación y comprobación, no como una decisión anticipada sobre la titularidad del derecho de sufragio ni sobre la validez de los votos".
Si la Sala considera excesiva la suspensión general, pide frenar solo el voto de aquellos "cuyo progenitor se encuentre comprendido en el ámbito subjetivo" de los autos anteriores. Además, recuerdan que el partido denunció el problema ante la Junta Electoral Central el 28 de junio, antes de la convocatoria electoral.
"A menos de un mes de las elecciones, seguimos sin saber con certeza con qué censo vamos a votar. Es inadmisible y extremadamente grave. Esto va mucho más allá de una ley o de una instrucción: afecta directamente a la legitimidad del proceso democrático", denuncian.
Hazte Oír asegura que el peligro de transparencia del proceso electoral "persiste"
Por su parte, la asociación Hazte Oír también ha hecho esta petición. En un esrito, instan al Supremo a que solicite a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que remitan el desglose de las inscripciones de estas personas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La asociación remarca que en el auto de septiembre en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal acordó la suspensión cautelar del voto para quien no demuestre que es descendiente de exiliado apreció "un peligro fundado, real y serio de afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral".
"Ese peligro persiste respecto de los hijos de los afectados que, siendo mayores de edad, reúnan los requisitos del sufragio y figuren en el censo aplicable a las elecciones de 29 de noviembre", argumenta.
Y señala que si la inscripción de estas personas "sigue produciendo efectos sin haber sido siquiera identificada, la sentencia que ordene separar las altas derivadas" de la 'ley de nietos "no podrá alcanzar a las que ya habrán votado en esas elecciones".
Además, indica que concurren los requisitos para resolver en el plazo de manera rápida por "la especial urgencia" de lo solicitado, en tanto que "la relación nominal de los beneficiarios" por la 'ley de nietos' debe entregarse por el Gobierno esta semana y "la identificación de los hijos sólo es útil si se incorpora a esas operaciones".
Por todo ello, solicita al alto tribunal que identifique a estas personas y que extienda a ellas "la suspensión de los efectos electorales de su inscripción en el CERA en el proceso electoral convocado" para el próximo 29 de noviembre.
La conocida como 'ley de nietos' es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que permite que descendientes de exiliados puedan conseguir la nacionalidad española.