El Tribunal Supremo ha ratificado las penas dictadas por la Audiencia de Barcelona, que condenó a 25 y 20 años de cárcel por el asesinato del guardia urbano, Pedro Rodríguez, a su novia Rosa Peral y al examante de esta, Albert López. Según el Supremo, ambos urdieron un plan macabro que ejecutaron conjuntamente. Las defensas de los acusados recurrirán al entender que durante todo el proceso se han visto vulnerados sus derechos fundamentales.

He seguido con sumo interés y desde el principio este culebrón que los periodistas hemos acuñado como 'el crimen de la Guàrdia Urbana'. No en vano en mayo de 2017 firmé junto a mi compañero de Crónica Global, Alejandro Tercero, la noticia en primicia de la aparición de un cadáver calcinado en un coche abandonado en el pantano de Foix.

Nadie sabe nada

Ni el que suscribe este artículo, ni el fiscal ni el Presidente del Tribunal saben qué pasó aquella noche del día 1 de mayo de 2017 en la casa donde convivían Peral y Rodríguez. No lo saben. La sentencia nos aporta la verdad jurídica, pero como ya ha ocurrido en tantos otros casos (el del secuestro de la farmacéutica de Olot, sin ir más lejos) se ha conocido una verdad jurídica que quizá no coincida total o parcialmente con la verdad "real" de lo acaecido.

Se habla de que Peral y López orquestaron un plan para matar a Rodríguez. Sí, visto lo visto en el juicio, es verosímil. Incluso encaja en el argumento de una de esas novelas True Crime que acabamos elevando a la categoría de eruditas. Pero ni el fiscal, ni el juez de la Audiencia, ni los jueces del Supremo nos han sabido decir... ¿Cuándo se urdió ese plan? ¿Dónde se tramó el crimen? ¿Quién ejecutó la acción? ¿Cómo se ejecutó el asesinato? ¿Cuándo decidieron los dos imputados que era mejor matar a Pedro y así volver a estar juntos en lugar de que, simplemente, Rosa se separara de él? La verosimilitud del relato de la acusación, (naturalmente alimentado por los múltiples espacios grises que rodean a uno y a otra imputada) es munición de primer nivel para un novelista pero, a mi entender, es insuficiente como para construir un relato sentenciador que desvirtúe el sacrosanto principio de la presunción de inocencia. Excesivas preguntas sin repuesta.

La sentencia está trufada de expresiones como, por ejemplo, "cabe sostener", "conviene suponer", "es razonable pensar", "parece lógico entender" o "cabría deducir". Todo muy verosímil y muy cargado de sentido común, pero no de esas pruebas que hacen agachar la cabeza de un acusado atrapado contra la pared de la evidencia, la única pared que ha de sustentar una sentencia condenatoria. No veo esas pruebas inequívocas contra Rosa Peral. Aún nadie me ha explicado cuál fue el móvil de Peral para matar a su novio. ¿Si ya no lo quería y se había re-enamorado de López (si es que algún día estuvo enamorada de él), por qué no lo dejó (como hizo con su marido y anteriores novios) si nada legal, ni económico les unía?

López mentiroso

De la implicación directa de López no puedo ser tan dubitativo. Hay un móvil: los celos. Hay pruebas: mensajes amenazantes de muerte o cuando le preguntó a un compañero de patrulla que cómo haría para deshacerse de un cadáver. El compañero, como quien hablaba de una película, le dijo: "lo quemaría en un coche en mitad del monte". Y va Albert y lo ejecuta a pies juntillas. (El compañero cuando se enteró sufrió una crisis de pánico).

López, en definitiva, mintió descaradamente. En su tercera declaración reconoció que el día de autos irrumpió en la casa que compartían Rosa Peral y Pedro Rodríguez saltando la valla al exterior del inmueble, cuando con anterioridad había declarado una versión diametralmente opuesta.

La sentencia es justa en la medida que los mimbres procesales y procedimentales lo han sido. Pero el juicio no lo ha sido, en concreto, con la imputada Rosa Peral porque a ella se la había juzgado antes. Con crueldad. Una vida de constantes amoríos, promiscua (si usamos como vara de medir la moral judeocristiana), y una campaña de mentiras morbosas sobre su pasado, la presentaron en sociedad como carnaza mediática y candidata número uno a ser una condenada.

El sistema tiene que tener la capacidad de proporcionar los suficientes resortes probatorios que inclinen la balanza de la incertidumbre hacia la verdad empírica. El estado judicial dentro de un estado social y democrático de derecho no debe dejarse dopar por apriorismos jugosos y rentables en términos mediáticos. Todos ese barullo mediático ensordeció a los operadores judiciales. ¿Por qué no se permitió la declaración en el juicio del hermano de Rosa Peral, la persona que acompañó a la imputada a comisaría cuando confesó y que dispone, en consecuencia, de información de primera mano sobre lo que ocurrió siete días después de la desaparición de Pedro? Diversos abogados consultados se extrañan de la no aceptación de ese testigo por parte del Tribunal. ¿Por qué el fiscal le preguntó a las mujeres testigos (a favor o en contra de Peral) si éstas habían mantenido o no relaciones lésbicas con ella? ¿Qué interés tenía eso para la causa, más allá de despertar la curiosidad morbosa de la prensa y del público? Y si tenía algún interés, que no alcanzo a entender, ¿por qué no se preguntó lo mismo a Albert López, esto es, por qué no se preguntó a sus amigos testigos si mantuvieron relaciones gais con él?

Demasiados grises

Con Rosa vale todo. Y eso es lo que no me parece justo. No pongo la mano por su inocencia. Tras más de 20 entrevistas con ella en prisión solo creo estar seguro de una cosa: Peral me recuerda a 'Alicia en el País de las maravillas'. Por lo que me ha dicho y por lo que me ha escrito creo que, a veces, no toca con los pies en el suelo. Es como si su mundo fuera otro. Incluso ahora en la cárcel vive su situación como si fuese un sueño que ella observase desde el exterior. Esa forma de ser, no la exime de atroces conductas, naturalmente. Pero tampoco de los contrario. Se precisa mucho más, creo yo, para poder meterle a alguien, entre ceja y ceja, 25 años de cárcel. Incluso 25 días. Si lo ha hecho (autora o colaboradora) que lo pague. Si no lo ha hecho o no se ha sabido acreditarlo, se impone una disculpa.

El caso va a llegar al Constitucional. Mientras, el fiscal se va paseando por las televisiones relamiéndose en su victoria pero vetando a aquellos periodistas que supone que pueden ponerle en un brete con sus preguntas.