España es un país que no te lo acabas. Las Torres de Meirás, como las llamaba Emilia Pardo Bazán, han sido devueltas por fin al patrimonio del Estado después de que fueran entregadas de manera ilegítima a los Franco durante la dictadura. Han tenido que pasar 87 años para que se restituya una injusticia histórica, pero de manera parcial. Porque no hay que perdérselo, que encima tenemos que indemnizar a los nietos del carnicero.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que había resuelto que el Pazo de Meirás era propiedad del Estado y que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolver su posesión y tenían derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que no habían sido poseedores de mala fe.

Esta última parte me parece fascinante y da buena muestra de hasta qué punto estamos en primaria de memoria democrática. Se supone que tenemos que entender que no había mala fe porque los nietísimos eran los únicos españoles en toda España que no sabían que el patrimonio de Francisco Franco era todo fruto del expolio y el saqueo, que nada de lo que tenía le pertenecía a él y que todo era fruto del golpe de Estado.

Los pobres Martínez-Bordiu creían que el pazo se había ganado con el sudor de la frente del abuelo, por su mérito y capacidad. Han sido víctimas de la farsa de la meritocracia y el tribunal les ha dado la razón en ese aspecto. El argumento del tribunal es que no sabían que el pazo lo tenía por ser jefe del Estado y no por su persona. En ocasiones, los argumentos jurídicos que sirven para defender los privilegios de estas familias de sátrapas son más insultantes que sus resoluciones.

Los españoles tenemos que indemnizar a la familia Franco por los gastos que les ha generado usar el patrimonio robado durante cincuenta años de democracia. No sé si es posible calcular cuál sería el coste de haber disfrutado durante tantos años de semejante patrimonio, viendo cómo están los precios del alquiler podemos imaginar lo que sería pagar un solo año de semejante palacio, pero además de eso tenemos que pagarles por haber pintado las paredes y cambiado las juntas de la grifería. Aún no se sabe cuánto nos va a costar pagar a los okupas porque el montante se determinará en la ejecución de la sentencia.

La decisión del Tribunal Supremo ha sido vista como una buena noticia por la mayoría que cree en la restitución del patrimonio histórico por parte de quienes lo robaron durante el franquismo, pero no estoy de acuerdo. No puede ser una buena noticia que todos los españoles tengamos que

indemnizar a quienes nos robaron por haber usado aquello que nos robaron durante los cincuenta años de democracia. Esto de pagar la fiesta y empieza ser apaleado puede ser una buena noticia solo para aquellos que creen que unas familias merecen más que otras.

La familia Franco tiene un patrimonio inmobiliario ingente elaborado gracias a la represión, el robo y el expolio durante el franquismo. El único patrimonio que los Franco tuvieron antes de asesinar a miles de republicanos y gente de bien era una finca en Asturias heredada por Carmen Franco. Después de robar a espuertas todos han heredado una fortuna que se hizo con la sangre de demócratas españoles. El insulto final es que las víctimas también tendrán que pagar a escote a los nietos del victimario. Qué gran país es España cuando se propone dar asco.