Lo bueno de que gobierne la izquierda y haya una campaña por tierra, mar, aire y togados contra el Ejecutivo es que se empieza a considerar delito lo que antes, cuando gobernaba la derecha, era un derecho. Se están comenzando a perseguir penalmente los enchufes y las plazas públicas creadas ad hoc para amigos, familiares y compañeros de partido. Se ha empezado con el hermano de Pedro Sánchezy los líos de Ábalos, pero esperemos que ahora no se pare aquí y se comience a perseguir por prevaricación, malversación y tráfico de influencias a todas las administraciones de España sin importar qué partido político sea el que lo haga. Muy de acuerdo en convertir en delito los enchufes, no tanto en que solo se investiguen los que afectan a quien puede perjudicar al gobierno. No tengo mucha esperanza, porque es una obviedad que solo se persigue al hermano de Pedro Sánchez por serlo.

La indecencia sobre lo ya conocido sobre los enchufes de las amantes o parejas, o lo que quieran que sea, de José Luis Ábalos es de una gravedad tan extrema en términos políticos, éticos y cívicos que me importa poco el reproche penal que pueda tener para repudiarlo y sentir un asco profundo. Es el mismo asco que sentí cuando la hermana de Juanma Moreno fue puesta en una institución cultural por delante de quien había sacado mejor nota en la oposición.

Antes de dedicarme por error al periodismo, y para desgracia del mundo facho que no soporta verme cada día dejándoles en evidencia, trabajé en multitud de profesiones; camarero, jardinero, dependiente, empleado en una empresa de artes gráficas, operario en una cadena de despiece de cabezas de cerdo y muchos otros trabajos más que solo pueden sorprender a aquellos que vienen de una familia privilegiada. Cuando terminé los estudios me planteé presentarme a algunas oposiciones con el poco tiempo de estudio que me dejaban la multitud de horas que echaba en todos esos trabajos. Me presenté a dos procesos de oposición, uno en una administración gobernada por el PSOE y otra en una gobernada por el PP.

Al hacerlo, en uno de los procesos un amigo que pertenecía a la administración me dijo que si quería me presentara, pero que las plazas ya estaban otorgadas de antemano. Y acertó, porque los apellidos tenían la característica de tener cargos públicos como familiares. En el segundo proceso de oposición, se tuvo conocimiento de que algunos de los que tenían apellidos compatibles con familiares en el administración consiguieron las preguntas con antelación y sacar su plaza. Después de esa experiencia con los procesos públicos para lograr un puesto de trabajo, quedé desencantado y aprendí mediante la experiencia la importancia de eso que llama Bourdieu capital social, el nepotismo y la corrupción.

Así que tuve que empezar a buscarme la vida por mi cuenta en el sector privado no yéndome mal, pero siendo una excepción al dedicarme a algo que deja por el camino a muchos miembros de la clase trabajadora. Las capas más humildes tienen mucho más difícil prosperar porque juegan sin red, sin ayuda y sin el bloque de relaciones y contactos que hacen mucho más fácil la vida de quien ya tiene a familiares, amigos o compañeros de partido decidiendo quién tiene la oportunidad de lograr los mejores puestos en la sociedad. Es por eso que nosotros, los miembros de la clase trabajadora, tenemos que ser crueles con aquellos que utilizan una de las pocas herramientas que pueden permitirnos salir de la precariedad como una máquina para colocar a sus amigos. No importa quién lo haga, si el partido que nos gusta o el que nos disgusta, si alguien de la ideología que compartimos o de la que odiamos. Lamentablemente ese proceso de perversión de la igualdad y de consolidación del privilegio está extendido en todas las administraciones de cualquier partido. Es un mal extendido que hay que perseguir y denunciar. Por eso la imputación por malversación y tráfico de influencias de cualquiera que haya usado dinero público para colocar a un amigo, familiar o conocido, o cualquiera que pervierta los procesos de selección en la administración pública debe acabar en la cárcel.

Lo que no es posible es que esos procesos solo sean delito en los casos que se pueden instrumentalizar contra el gobierno. Porque si es grave pervertir los procesos de acceso a los trabajos públicos es más grave aún solo perseguirlo cuando esos casos afectan a la ideología que no interesa a los que esperan desalojar al Ejecutivo para hacer lo mismo con impunidad. Perseguir el nepotismo y los enchufes es autodefensa de clase, decir con claridad que el procesamiento al hermano de Pedro Sánchez es un intento por tumbar al gobierno es una evidencia.