El pasado 7 de julio fue la última vez que Jordi Pujol presidió una reunión del partido que fundó. Ese día no intervino y se fue antes de que acabara, tenía otras cosas en la cabeza. Pujol podía intuir que su secreto de familia, las cuentas en el extranjero, iba a revelarse.
Pujol sabe que va a necesitar ayuda, y contrata a Cristóbal Martell, el abogado de Messi. El hombre que ayudó al delantero a regatear a Hacienda, un hombre con un lema: 'Paga, confiesa y negocia. Lo importante es evitar la cárcel'.
El abogado transmite a la familia Pujol su estrategia de defensa, negociar un pacto. Lo hace en la mansión al sur de Francia de uno de los hijos del expresident. Allí se reúne todo el clan con el abogado para tramar una estrategia común. Acuerdan regularizar el dinero oculto que tienen en los bancos de Andorra. Es entonces cuando Jordi Pujol les anuncia que va a confesar.
El 25 de julio, día de Santiago, es la fecha elegida. El expresident elige no dar la cara ante los catalanes y envía un comunicado escrito a varios medios. Sólo en las últimas líneas pide "perdón" a "aquellas personas que de buena voluntad puedan sentirse defraudadas en su confianza".
Como consecuencia inmediata, Pujol se queda sin sus cargos honoríficos en CIU, sin el tratamiento de 'Molt Honorable', sin su oficina en el centro de Barcelona y sin los 82.000 euros anuales que cobraba de pensión vitalicia. El actual alcalde de Barcelona exige al expresident que devuelva la medalla de la ciudad, y Pujol lo hace.
Casi dos meses después de su confesión, Pujol aún no ha dado ningún tipo de explicación. Ha pasado todo el verano con una sola frase, un solo argumento, una sola respuesta a toda la indignación y curiosidad por su patrimonio oculto: 'No hago declaraciones'.
Su silencio ha disparado las teorías y especulaciones sobre la procedencia del dinero descubierto, el que ha reconocido ocultar en paraísos fiscales. Tres millones y medio de euros que, según Pujol, les dejó su padre en herencia.