El 9 de julio de 2012 la CAM, que ya ha quebrado, celebra su última asamblea general. Los afectados señalan a Roberto López Abad, director general de la caja desde 2001, como el ideólogo del saqueo.
El juez Gómez Bermúdez sospecha que López Abad y otros 8 directivos crearon una compañía tapadera para hacer negocios sucios. ¿Dónde? En la Riviera Maya. Con el dinero de la caja, compró varios hoteles y terrenos para construir a precios muy hinchados.
López Abad acabó en la cárcel pero salió a los seis días, tras pagar una fianza de un millón y medio de euros.
Del total del dinero prestado por la CAM, un 27% estaba invertido en ladrillo, el mayor porcentaje del sector. Y hubo épocas en las que seis de cada diez euros que prestaba iban a la construcción.
Dentro de la CAM hay otro escándalo: los sueldos y pluses de sus directivos. Según la investigación abierta por la Audiencia Nacional, las retribuciones de los consejeros se multiplicaron hasta por treinta con López Abad. Él mismo pasó de cobrar 8.000 euros en dietas en 2010 a más de 300.000 al año siguiente.
Cuando López Abad deja la caja en 2010 se lleva casi 4 millones de euros de indemnización. Pero entonces le sustituye María Dolores Amorós. Según un informe del Banco de España, su gestión se basó, en falsear las cuentas y buscar su lucro personal.
Saltó a la fama por su pensión vitalicia. La caja iba ya a la deriva. Pero Amorós no tardó ni un mes desde que la nombran directora general en ponerse un sueldo de 600.000 euros al año, y una pensión para toda la vida de 370.000 euros anuales.