Por irrumpir en una central nuclear en 2011, Araceli y sus compañeros, activistas de Greenpeace, acabaron en un banquillo. Pedían para ellos dos años y ocho meses de prisión. La jueza los libró de la cárcel, pero se les impuso una multa de 46.000 euros. Si ahora volvieran a hacerlo, sería mucho peor: la multa ascendería ahora a 600.000 euros, y para que un juez los escuchara tendrían que recurrir.