En 2007, el Gobierno
animó a invertir en energía renovables, prometió ayudas de hasta el 40% y gran rentabilidad
a los inversores, pero tan sólo tres años después comenzaron los recortes.
Por este incumplimiento,
España tendrá que pagar a los inversores, eso sí, sólo a los extranjeros. El
banco mundial ha fallado a favor de las empresas internacionales que
denunciaron el incumplimiento del Gobierno.
Pero la situación es
distinta para los inversores nacionales, las empresas y las familias que se
animaron a invertir, de momento, no recibirán ninguna contraprestación. El Camino al Sol llevó a miles de familias
hasta Madrid, donde pidieron compromiso ante su dura situación.
En 2015, el Gobierno
actual sentenció a las 62.000 instalaciones fotovoltaicas con un real decreto
en el que volvía a recortar las ayudas a las renovables. Aunque el Gobierno
asegura que recurrirá el arbitraje, España tendrá que desembolsar 128 millones
de euros sin contar las 26 denuncias que aún tiene pendientes.
Entre 2013 y 2014,
muchas familias ante su dura situación económica vendieron sus instalaciones,
pero otras las perdieron a manos de los bancos por impagos.
Todo ello a pesar de que
España es el primer país del mundo en capacidad termosolar instalada y actualmente
aporta un 8% de energía al sistema eléctrico de España.