Muchos valencianos apretaron el número 9 para ver una televisión que llegó a tener un 20% de share. Pero otros lo que apretaron directamente fue sus cuentas y a sus trabajadores hasta acabar con ella.
La nulidad del ERE por el que se despidió a 1.000 trabajadores deja al descubierto una gestión Cuando el PP llegó al poder en 1995, la deuda de Canal 9 era de 22 millones de euros.
Su personal, 650 trabajadores y costaba 25 millones de euros. En el 2011, la empresa estaba sobredimensionada con 1.800 millones. En el año 2012, antes del ERE, tenían el triple de personal, 1.800 y gastaron el triple en él, 73 millones de euros.
Ese año dejaron de pagar la Seguridad Social de algunos trabajadores y contribuyeron a la quiebra de algunos proveedores por pagarles hasta dos años tarde. La deuda se había multiplicado por 50 respecto al año 95: 1.217 millones de euros.
El primer ejemplo del derroche es lo que pagó Canal 9 por los derechos del fútbol los últimos diez años. Invirtió 460 millones de euros que luego revendió por la mitad. Se perdieron 235 millones de euros de fútbol pero la Generalitat ocultó los contratos aludiendo cláusulas de confidencialidad. Según varios medios valencianos, de este contrato, el equipo valenciano obtuvo 204 millones de euros, el Villareal 152 millones y el Levante unos 27 millones de euros.
Además, también compró los derechos de retransmisión para la Comunidad Valenciana de la Fórmula 1 por 22 millones de euros más IVA por tres años de una competición que ya no pasa por ahí y que tuvo una audiencia bajísima.
Fue una operación tachada de incomprensible por los expertos en cifras televisivas. Canal 9. Además, la Comunidad Valenciana pagó el precio por la Fórmula 1 aun sabiendo que laSexta lo retransmitía a nivel estatal.
Y ya que hablábamos de competición les completamos el podio con un despilfarro por todo lo alto. El representante del altísimo, el papa, sirvió también para que la televisión pública coqueteara, según el juez Ruz, con Gürtel.
Sus dirigentes adjudicaron a dedo a empresas vinculadas a la trama la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. Según la Audiencia Nacional, pagaron casi ocho millones de euros, precios inflados, de los que se beneficiaron Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez el Bigotes y el director de la televisión, Pedro García.
Y todo ello, en una televisión en la que los propios trabajadores denunciaron manipulación por tener que enfocar siempre el lado bueno del también imputado Eduardo Zaplana, "llevamos años denunciando una gestión corrupta", silenciar la noticia del accidente del metro de Valencia o retrasar y recortar la rueda de prensa de dimisión del expresidente valenciano, Francisco Camps.