El magistrado Joaquim Bosch ha explicado en Más Vale Tarde por qué el juzgado de instrucción de Lleida ha tumbado la decisión de Torra de confinar a unas 160.000 personas en la región. Según el juez, la magistrada se basa en tres razones: "La generalitat no estableció un límite temporal, no se aporta una acreditación de la gravedad de la situación y considera que es desproporcionado el confinamiento domiciliario".
La magistrada apostaba por un confinamiento perimetral, pero no domiciliario, como el que se vivió durante el estado de alarma. Además, según ha explicado Bosch, la magistrada considera que "un confinamiento domiciliario no se puede decidir en el ámbito autonómico, sino que tiene que ser acordado desde el punto de vista estatal".
Este último punto es que el que más controversia ha generado. Según Bosch, "la ley orgánica de medidas especialaes en materia sanitaria no regula hasta donde se puede llegar en el ámbito autonómico, no regula el alcance".
En el ámbito jurídico, ha explicado el magistrado, se considera que las comunidades autónomas sí que pueden regular los confinamientos fuera del estado de alarma. De hecho, en Igualada o en Canarias se hizo con anterioridad. El debate es si una comunidad autónoma puede ir más allá de los confinamientos perimetrales. "Este auto ha dicho que eso solo se puede hacer mediante el estado de alarma", ha añadido.
Sin embargo, esta misma tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que no hace falta reformar la ley de salud pública, sino que con ella se pueden controlar los escenarios futuros.
A juicio del magistrado, esta la opinión de varios juristas ya que en caso contrario "solo se podría establecer un confinamiento domiciliario a través de un nuevo de estado de alarma aunque afectara tan solo a un municipio". Algo, ha dicho, que puede ser "precipitado".
"La temporalidad puede ser corregida por un tribunal, que lo puede acotar. El otro debate es más profundo, es si las comunidades autónomas tienen o no esa competencia, pero la ley orgánica es ambigua sobre ello", ha añadido.
Por tanto, la impresión es que "hay una serie de situaciones de gran complejidad que requieren de decisiones ágiles que deberían tener más seguridad jurídica", ha añadido el magistrado.