En un giro sorprendente en la política española, la ley de amnistía planteada por el Gobierno en funciones será tramitada como una proposición de ley. ¿Por qué esta inusual elección? La clave está en los tiempos y las formas. Un gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley, y como los independentistas exigen que quede registrada antes de la investidura, es necesario registrarla así. Además, esta fórmula les acelera los trámites y les evita los informes del Consejo General del Poder Judicial. En esta línea, permite ir firmada por varios partidos, compartiendo así el resultado.
Otro punto clave es el tiempo. Si la tramitan de urgencia, los tiempos se reducen a la mitad. Solo hay un inconveniente: la ley tiene que pasar por el Senado, y ahí el PP, que tiene mayoría, puede alargar la tramitación. De hecho, este jueves el Grupo Popular ha presentado una reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley, como será previsiblemente el de la amnistía.
Caos y contradicciones
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La otra cara Mientras el PP cambia su versión y deja en evidencia contradicciones internas, las familias de las víctimas avanzan con querellas, denunciando la falta de respuestas y la gestión errática de la tragedia.