Los límites para las memorias de los presidentes de España: esto es lo que pueden y no pueden contar

Pedro Sánchez sorprende al país anunciando su segundo libro, escrito íntegramente en su mandato. Los presidentes españoles han plasmado sus vivencias en 27 libros, pero la pregunta crucial persiste: ¿pueden compartir lo más jugoso de sus experiencias? Conversaciones con mandatarios, deliberaciones del Consejo de Ministros y detalles de reuniones de seguridad nacional son terrenos prohibidos.

La ley establece que la privacidad de ciertos asuntos es esencial para la seguridad y defensa del estado, imponiendo límites claros a la pluma presidencial. Si bien existen temas sensibles que un presidente no puede divulgar, existe un amplio espectro sobre el cual sí puede escribir. Sin embargo, el espectro se difumina cuando se trata de determinar qué entra en la categoría de "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos" que podrían dañar la seguridad nacional. La clasificación de información como secreta o reservada, a menudo sin un listado público, deja en manos del Gobierno o la Junta de Jefes del Estado Mayor la decisión de qué debe permanecer en las sombras.

Las consecuencias de desafiar estos límites legales no son triviales. Revelar información clasificada puede resultar en penas que van desde 1 a 4 años, aunque, en casos extremos, como la traición al país, las sentencias pueden llegar a ser de seis a doce años. La delgada línea entre la transparencia y la seguridad nacional destaca la responsabilidad que conlleva el ejercicio del poder presidencial.

Por ejemplo, en el caso de Zapatero, quien desveló en "El dilema" una carta del Banco Central Europeo que no se conocía públicamente. Aunque esta revelación pasó relativamente desapercibida, plantea la pregunta de si las biografías presidenciales, más allá de sus posibles secretos, sirven como una plataforma para la reivindicación personal. En última instancia, estas obras ofrecen a los presidentes la oportunidad de moldear su legado, aunque dentro de los límites impuestos por la ley y la ética pública.