Jesús Espinosa / @_jesusespinosa_

El Gobierno catalán continúa dando pasos en defensa de la causa soberanista. Hace pocos días se filtraba el borrador de la llamada ‘Ley de Transitoriedad Jurídica’, que entregaría en vigor a modo de transición jurídica en Cataluña mientras que se redacta la hipotética nueva Constitución.

El Govern de Puigdemont celebró el pasado lunes una conferencia en Madrid para explicar la propuesta de referéndum. Una conferencia que, en primera instancia, había pedido celebrar en el antiguo salón de Plenos del Senado. Sin embargo, finalmente acabó por acudir al Ayuntamiento de la capital. Así explicaba el president por qué: “Como conocen ustedes, desgraciadamente no fue posible porque la mesa del Senado no consideró oportuno que se celebrara en esa institución una conferencia sobre el referéndum de Cataluña”.

Todo comenzó el pasado 9 de marzo, cuando Puigdemont le pidió por carta al presidente de la Cámara Baja, Pio García-Escudero, acudir al antiguo salón de Plenos para presentar una conferencia en defensa de la propuesta del referéndum llamada ‘El Referéndum Catalán’. “Considerando la función de representación de cámara territorial que tiene el senado y el necesario diálogo que debe presidir la acción política, no se me ocurre mejor escenario que este para pronunciar dicha conferencia”, argumenta el líder del Ejecutivo catalán.

Carta de Puigdemont a Pío García-Escudero.

A esta misiva tardó en contestar el propio García-Escudero. Lo hizo 20 días después. En su contestación informaba de que la Mesa del Senado había decidido que el lugar corrector para la celebración de la conferencia era la Comisión General de las Comunidades Autónomas, por lo que instaba oficialmente a Puigdemont a convocarla. “El cauce institucional idóneo es la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuya convocatoria puede usted solicitar”, explica el presidente en la carta. Por lo que le prohibieron acudir al salón de Plenos y le instaron a convocar una Comisión reglada.

“Para exponer las cuestiones de índole política que considere oportunas, abriendo así un diálogo con cuestiones de índole política que considere oportunas, abriendo un diálogo con las demás Comunidades Autónomas y el conjunto de los senadores”, explica.

Carta de García-Escudero a Puigdemont

La Comisión General de las Comunidades Autónomas está regulada en los artículos 55 a 56 del reglamento del Senado. Entre sus funciones se encuentran iniciar trámites informativos o de estudio sobre las competencias de las Comunidades Autónomas, informar sobre el sistema de financiación de las misma o debatir sobre el sistema autonómico sanitario o educativo, entre otros.

Esta comisión difiere en fondo y forma de lo que pedía en su inicio Puigdemont. El president de la Generalitat quería dar una conferencia abierta en el antiguo salón de Plenos; evento que sería público. Sin embargo, la Mesa del Senado le ofreció una comisión que no es pública e implica debate parlamentario. A la Comisión asisten senadores y miembros de los Gobiernos autonómicos, de los que pueden intervenir presidentes autonómicos y consejeros.

“Nosotros interpretamos esta contestación como una negativa a que acudiéramos”, explican fuentes del Gobierno catalán. “Queremos debatir donde sea, pero cuando haya acuerdo. En este caso queríamos dar una conferencia, no un debate”, argumentan.

Por lo tanto, es cierto que el Senado no le cerró las puertas a Puigdemont, pero le obligó a aceptar debatir en una comisión y con unas condiciones que no eran las que él había solicitado. Por lo tanto, las declaraciones del presidente de la Generalitat en las que asegura que “la mesa del Senado no consideró oportuno celebrar una conferencia sobre el referéndum de Cataluña allí” son una VERDAD A MEDIAS.