La medida fue adelantada hace días por Calixto Rivero en 'Expansión', pero este miércoles lo llevan todos los periódicos, e incluso, como en 'El Mundo', se dice que la idea habría partido del jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas. La prensa hablaba sólo de ideas, e incluso de una reunión entre representantes de la dirección general de la función pública con tres sindicatos, pero lo que tenemos es una especie de boceto de lo que se quiere: recuperar el apoyo y, sobre todo, el voto de los funcionarios, uno de los colectivos más afectados por los recortes.
Tanto, que según los funcionarios, habrían perdido un 30% de poder adquisitivo estos años. ¿Qué se estudia? Para empezar, devolver lo que quedaba de la paga extra de Navidad que se les suprimió en 2012. Más de 5.000 millones de euros supuso ese recorte. A principios de este año, en enero, se les dio, a algunos, el 25%, lo que se plantea ahora es darles el 75% restante de la paga extra de Navidad. Esto supondría para el Estado un gasto de entre 600 y 700 millones de euros.
También se plantean la devolución de parte de los moscosos, los días libres de los que disponen los funcionarios que también se quitaron durante la crisis. Antes de los recortes, disponían de seis días libres, pero se les quitó la mitad. Luego se les devolvió dos, pero aún tenían un moscoso menos de los que disponían al principio. Ahora se plantean devolverlo para dejarles como estaban, con sus seis moscosos, además de recuperar también los canosos, esos días que les correspondían por antigüedad y que también vieron reducidos.
Incluso, se plantea una subida de sueldo de hasta un 1%, una subida mínima, pero es un gesto. Recordamos que a los funcionarios se les bajó de media un 5% el sueldo en 2010 y que luego se congeló, así que sería una demanda de los sindicatos atendida.
Todo esto podría venir acompañado de una revisión de la plantilla, que ya está en déficit. Ahora mismo, de cada 10 puestos públicos descubiertos, solamente se cubren tres, así que también podrían estar pensando en hacer más oferta de empleo público. Estas medidas, en caso de aplicarse, afectarían a los casi 3 millones de empleados públicos que hay en españa, de los que medio millón dependen directamente del Gobierno central.
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