Juliana tiene múltiples enfermedades crónicas. Su familia denuncia una y otra vez que no le otorgan el grado de dependecia que realmente tiene. Porque aunque el baremo para medir la discapacidad es estatal, su aplicación y resolución depende de las Comunidades Autónomas. Por eso, dicen las asociaciones en defensa de ley de dependencia, aunque el baremo pretende ser objetivo, la realidad es que depende de la subjetividad del valorador.
"En la mayoría de las comunidades autónomas, el perfil profesional del valorador generalmente coincide con ser trabajador social. Pero hay algunas comunidades autónomas donde hay perfiles de profesión sanitarias", asegura José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia.
El valorador va a la casa del dependiente. Allí evalúa su situación a través de un cuestionario tipo donde se tienen en cuenta actividades cotidianas. Los puntos se dan en función de la dificultad que tiene la persona para hacer esas tareas y si necesita o no, apoyo. La puntuación obtenida clasifica al dependiente entorno a tres niveles.
Carlos Bravo, Secretario protección social y politicas publicas CCOO denuncia que hay "en torno a 80.000 o 90.000 personas de todos los grados incluso muy graves que están por diferentes motivos sin atender". "Eso es algo que tenemos que resolver lo antes posible", añade.
La financiación de la dependencia se reparte entre el Estado y las Comunidades Autónomas. "Cada comunidad autónoma, lo que tiene que hacer es, ante las demandas que tenga, evaluarlas, determinarlo y determinar la parte de financiación estatal, pero también la parte de financiación autonómica", explica Bravo. Piden también un nuevo baremo que tenga en cuenta a todas las personas en situación de dependencia.