No es la primera vez que se cuestiona el testimonio de una mujer que ha denunciado violencia machista, aunque en el último caso las desafortunadas palabras ocurren tras la vista de demanda de divorcio.
La mujer ya había denunciado a su expareja en dos ocasiones por violencia de género. Ella ya no estaba en la sala. Pero en otras ocasiones, sí.
"¿Cerró las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos?", le preguntó María Carmen Molina Mansilla, titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Vitoria-Gasteiz, a una víctima. Ella le dijo que "sí". Los hechos ocurrieron en 2016.
En otra ocasión, una fiscal recrimina a otra mujer que solicite que se le restrinja al padre, condenado por maltrato, el régimen de visitas de su hija. "¿No tiene bastante con una sentencia en el ámbito penal?".
Son situaciones, dicen los expertos, de violencia institucional. La mujer se convierte en una doble víctima: de su agresor y del sistema judicial.
"Estamos acostumbradas, durante los juicios, a ver faltas de respeto, faltas de credibilidad hacia un relato", denuncia Cristina Colom, de la Asociación de Mujeres Juristas 'Themis'.
Por eso, recuerdan, la formación en la judicatura es esencial. Que sea obligatoria es una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. "Es urgente y prioritario que se forme a la judicatura", añade Colom.
Demandan que el Consejo General del Poder Judicial establezca un criterio y fije el perfil de la judicatura de los juzgados de violencia de sobre la mujer para evitar así que tengan prejuicios de género.