"Estudio totalmente amueblado sin cédula de habitabilidad muy céntrico y bien comunicado, muy tranquilo". De esta forma arranca la oferta que ha colgado en el portal 'Idealista' el propietario de un habitáculo de ocho metros cuadrados -al que llama estudio- ubicado en el centro de Barcelona. Habitáculo que alquila a un precio de 380 euros al mes.

Este anuncio ha provocado la indignación de las redes sociales, que no daban crédito a las imágenes de este inmueble'. Ha sido Riders x Derechos, plataforma sindical de repartidores que lucha por unas condiciones laborales dignas, la que a través de su cuenta de Twitter ha denunciado este alquiler, asegurando que es "violencia y punto".

 

No parece verlo así el propietario de este 'estudio', que asegura que "es idóneo para personas solas". Lo peor: pese a que en la propia oferta se reconoce que no existe permiso de habitabilidad (por lo que no podrías, entre otras cosas, empadronarte en dicha ciudad si afirmas que estás viviendo en este espacio), sí reclaman condiciones mínimas para entrar.

Por ejemplo, una fianza de dos meses para una persona que tenga "disponibilidad inmediata". En las imágenes se puede observar la disposición de este inmueble, que consta de un pasillo estrecho en el que se agolpan multitud de elementos para hacer de este un espacio aparentemente habitable. Eso sí, solo con un sofá, porque no hay espacio para una cama.

A partir de la publicación de esta anuncio, muchos usuarios de las redes sociales han estallado, exigiendo que se eliminen este tipo de ofertas del portal web. Otros han aprovechado el mensaje publicado por Riders x Derechos para contar experiencias similares que han vivido, con alquileres abusivos por muy pocos metros cuadrados. Y otros han reclamado directamente la regulación del precio del alquiler.

Precisamente, esta regulación generó recientemente un nuevo punto de fricción en el Gobierno de coalición. Porque mientras los socialistas abogaban por no limitar los precios y apostaban por los incentivos, la formación morada y los sindicatos apostaban por una intervención directa en el precio para poner techo a este tipo de ofertas.