Grieta a grieta, calle a calle: San Fernando de Henares ve, cada día un poco más cerca, cómo parte de su historia se ahoga en escombros. La localidad madrileña de casi 40.000 habitantes tiene ya centenares de viviendas afectadas por la Línea 7B de Metro y los movimientos de tierra no dejan de abrirse paso en zonas que hasta ahora parecían estar a salvo. De hecho, desde comienzos de 2023, se ha demolido casi un barrio al completo y este mismo mes de diciembre se procederá al derrumbe de dos nuevos edificios situados en la 'zona cero': los portales 7 y 9 de la calle Rafael Alberti.
La preocupación es común en todos los vecinos: una mala praxis en la creación de las últimas cuatro paradas de Metro de la Línea 7B en 2007 provocó que los grandes acuíferos subterráneos de la localidad penetraran en el túnel. Las continuas inyecciones de hormigón por parte de la Comunidad de Madrid para salvar la obra han desviado los caudales subterráneos, hundiendo los pilares de decenas de edificios y suponiendo un riesgo para la población.
El resultado, 15 años después, es el desalojo de más de 100 vecinos, el derrumbe de más de una treintena de viviendas y el abandono de casi tres calles al completo. Al menos otras 9 calles más tienen afecciones, según los datos del Ayuntamiento. Los vecinos van aún más allá: una buena parte de las viviendas de la localidad tienen grietas de las que desconocen el origen, otras conviven con ascensores desencajados y la ciudad al completo aúna un grito común: "San Fernando se hunde". Las familias desalojadas temen por un derribo inminente de sus casas, aquellas que ya vieron sus pisos caer exigen ser indemnizadas y poder comenzar una nueva vida en su pueblo, y el resto de los vecinos de la localidad esperan únicamente no ser los siguientes.
Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha actuado con planes de emergencia basados en desalojos y derribos en la 'zona cero' de las afecciones. El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno regional la creación de una ley autonómica que garantice las indemnizaciones a las familias afectadas y que sirva para atender los daños en bienes públicos y ha exigido, junto a los afectados, la creación de un Plan Integral que lleve a cabo un estudio pormenorizado del terreno y plantee soluciones para evitar que los hundimientos sigan abriéndose camino en la localidad. Una propuesta que fue materializada por la oposición de la Asamblea de Madrid como Proposición No de Ley, y para la que el Gobierno de la Comunidad votó en contra.
Entretanto, el Ayuntamiento ha tenido que trasladar un centro de la Escuela Oficial de Idiomas, una guardería y la Escuela de Adultos a otros puntos de la localidad, y una escuela de baile y varios comercios ya han desaparecido. Los costes económicos, patrimoniales y morales son ya incalculables.
"Una obra faraónica"
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), que ha firmado recientemente un convenio de investigación con el Ayuntamiento de San Fernando, ya advirtió en 2020 que las soluciones a base de inyecciones de cemento y hormigón no solventarían el problema, ya que la Línea 7B trascurre por la Unidad Salina de la cuenca terciaria de Madrid, formada por capas de sales diversas que se mezclan y transforman en función de la temperatura y la humedad. "La presencia de agua acelera enormemente estos procesos, que generan cambios de volumen en el terreno, disolución y formación de huecos (proceso conocido como karstificación) y el lixiviado de salmueras altamente agresivas para el hormigón y los elementos de acero (como los que forman las bases de los edificios)", explicó entonces el geólogo Manuel Lombardero en declaraciones recogidas por Europa Press.
Así, planteó como posibles soluciones la construcción de un nuevo túnel a menor profundidad o incluso de Metro ligero en superficie, aunque reconocía que primero debían estudiarse bien las opciones de reparar el túnel actual: "En las minas de sal, la inyección de las zonas karstificadas con salmuera sobresaturada hace que los huecos se rellenen con la misma sal y que el agua subterránea que fluye hacía la galería llegue tan saturada de sales que no pueda disolver más".
No obstante, el experto era conciso y contundente con la importancia y el coste que supondría este plan de actuación: "Lo que está claro es que esta obra va a ser un gran sumidero de dinero para la Comunidad de Madrid".
El presidente de la Asociación de afectador por el Metro 'Alberti-Presa', Juan Fuentes, sostiene que aún hoy "la propuesta que hace la Comunidad de Madrid es volver a consolidar el terreno con inyecciones de hormigón a 50 metros", algo que ya se hizo en 2011 y que, aseguran, "no sirvió de nada". En vista de la dramática situación, Juan Fuentes llama a la Comunidad de Madrid a tomar "decisiones valientes e importantes": "Si hay que cerrar el Metro porque esto no se puede contener, habrá que tomar la decisión. Es dura, pero habrá que tomarla o hacer intervenciones de otro tipo que se llegue a una solución", expone el representante de los vecinos afectados.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid confirmó a laSexta.com en 2022 que, cuando terminen las tareas de "consolidación del terreno", las estaciones clausuradas de la línea 7B se reabrirán. Aún hoy, en diciembre de 2023, las estaciones siguen clausuradas.
Entretanto, los vecinos, como Eva, alertaban: "El problema está abajo. No solamente hay que desalojar y tirar edificios. Si no sujetas el suelo se va a caer todo San Fernando". Es una de las más de 100 personas que vio a una enorme grúa derribar su propia casa. Tanto ella como el resto de afectados, representados por la Asociación 'Alberti-Presa', piden la creación de un Plan Integral, una dotación presupuestaria por parte de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo un orden fijado de trabajo que evite actuar de urgencia y permitir adelantarse a los hundimientos en línea de lo expuesto por el Colegio de Geólogos de Madrid.
Un plan que la Comunidad de Madrid asegura estar llevando a cabo. De hecho, reconocen a laSexta.com que el Gobierno regional "lleva mucho tiempo trabajando en un Plan Integral que integra a todas las consejerías". Sin embargo, en noviembre de 2021, el PP rechazó en la Asamblea de Madrid la Propuesta No de Ley del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para ponerlo en marcha.
"Todos los vecinos de San Fernando somos víctimas. Las más urgentes somos nosotros, pero el que quiera vender un piso no lo vende por el problema que hay, el que se monta a diario en el Metro no lo puede coger porque le han privado de él...", lamenta la afectada. En la 'zona 0' incluso se han producido roturas de tuberías de gas por las afecciones, aumentando aún más el riesgo de los vecinos.
En total, a finales de 2022 se contabilizaban 411 viviendas y 43 locales comerciales reconocidos como afectados por el Metro en al menos 12 calles diferentes. Muy lejos de los 32 domicilios que la presidenta de la Comunidad de Madridreconocía públicamente. Y los vecinos iban más allá: los carteles de denuncia pueden leerse por toda la ciudad y los restos de yeso para tapar las grietas están a la orden del día. Algunos residentes situados fuera de la denominada 'zona 0', e incluso al margen de las calles reconocidas como afectadas, han asegurado a laSexta.com que sus domicilios tienen pequeñas grietas que podrían ser fruto del mismo problema.
"Lo único que pido es que la obra faraónica que tienen que hacer abajo, que se han construido puentes en el mar, la hagan bien hecha. Que no vuelvan a entretenerse y gastarse millones. Que lo que inyecten sea algo que no perjudique más para que sigamos en el mismo sitio, en un pueblo que se está hundiendo", ha aseverado Eva, que pide no demorar más soluciones que tendrían que haber llegado hace años: "Hasta el 5 de diciembre de 2019 no se reconoció que esto era problema de Metro, y si entonces se hubiera puesto solución, yo hoy tendría mi casa".
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoció en una carta dirigida a esta vecina a comienzos de 2022 que el Gobierno autonómico había dedicado "más de 30 millones de euros" a solucionar el problema, si bien reconoce que "el tiempo ha demostrado que no resuelve el problema estructural" y que los esfuerzos "han resultado insuficientes".
La creación de un Plan Integral es también la esperanza del Ayuntamiento para que la Comunidad de Madrid pueda solventar el problema estructural en la localidad madrileña. El alcalde, Javier Corpa, expresó en 2022 a laSexta.com que el Consistorio iba a preparar una reclamación patrimonial para que el Ejecutivo autonómico se haga cargo de los costes del traslado de algunos de los servicios públicos del Consistorio por las afecciones en el municipio.
Corpa también solicitó a la Comunidad de Madrid que valore la situación de los vecinos que, a pesar de no estar en riesgo inminente de desalojo, conviven con afecciones derivadas de la Línea 7B: "¿Por qué un vecino no puede cerrar la ventana de su casa o usar el ascensor porque se ha desencajado por un movimiento de terreno?". Sin embargo, lo más importante, advertía, no podía devolverse con dinero. Las familias más afectadas por la línea 7B han perdido sus propias casas y, desde mayo de 2022, acudían a atención psicológica grupal para pasar el duelo. El alcalde exigió al Gobierno de Ayuso que dotara a las familias de recursos para la salud mental y se haga cargo de un componente social que "no está teniendo en cuenta": "Hay niños y niñas que todos los días están viniendo al colegio en taxi, personas mayores que eran usuarios de los centros de mayores que no pueden utilizarlos porque no están aquí...".
Una vida en 30 minutos
El 20 de septiembre de 2021, 27 familias abandonaron sus casas pensando que lo hacían por dos meses. Ni siquiera se llevaron ropa de invierno. Les habían asegurado que volverían. En diciembre de 2021, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, afirmó en la televisión pública madrileña que el bloque 1 de la calle Rafael Alberti sería "el más seguro de España". Un día después, el Gobierno regional explicaba a los vecinos que la zapata de su edificio se había hundido 26 centímetros y que habría que invertir 9 millones de euros para poder rehabilitarlo. En ese caso, algunos pisos, entre ellos el de Eva, se perderían.
"Te están diciendo que, o tiran tu casa, o te meten en la torre de Pisa, y encima sin ninguna garantía de que vaya a funcionar", ha explicado a laSexta.com. Apenas seis meses después, la casa de Eva y la de sus vecinos ya estaba reducida a escombros: "Han estado jugando con nosotros en todo momento, sin decirnos la verdad. Cuando la Comunidad actúa ya sabe cómo manejar a un rebaño, porque somos un rebaño".
Durante meses, trató de recuperar algunos de los recuerdos de más de 30 años en su hogar y, explica, intentó que la Comunidad de Madrid se pusiera en su lugar: "Tengo 53 años, soy profesora de Danza Española, tengo premios reconocidos nacional e internacionalmente y uno de los mayores que tengo en esa casa es una bata de Lola Flores que yo gané en un concurso con 17 años en Jerez. Si le hablo de mi hijo, únicamente tengo uno y solamente he podido sacar un cuento. Pero es que, si le hablo de mi madre, que falleció el 18 de abril, solamente he sacado una fotografía. Eso fue lo que les dije, y lo que me respondieron fue 'hombre, a por la bata de Lola Flores hay que entrar porque eso es España'".
Cuando la Comunidad actúa ya sabe cómo manejar a un rebaño, porque somos un rebaño
Tras evaluar su casa, los Bomberos solo pudieron darles 30 minutos por el riesgo inminente de derrumbe. Media hora para recuperar los símbolos de historia personal que estaban enjaulados en cuatro paredes destinadas a desaparecer. "¿Qué coges de 30 años de vida en 30 minutos? Parecía la Casa de Papel, parecía que estábamos robando en nuestra propia casa", expone su hijo, Iván Fuentes, que tuvo que quedarse fuera mientras sus padres rescataban los recuerdos de toda una vida entre cajones abarrotados y la presión psicológica de escoger con ingenio qué debía salvarse.
Irremediablemente, muchos de sus recuerdos quedaron atrapados entre polvo y yeso: "Al entrar en la habitación de mi madre me bloqueé porque olía a su perfume, me tiré llorando al sillón de mi madre y ese momento informaron al bombero de que nos quedaban 15 minutos. Ahí te pones más nerviosa todavía. Es como si fuera un concurso... es tanto lo que se queda. La lavadora me da igual: la compro; el frigorífico, los muebles... pero los recuerdos no me los va a devolver nadie", asevera Eva, que zanja: "Mi hijo se ha hecho un tatuaje del único recuerdo que tiene de su abuela, su frase 'te quiero, te adoro y te compro un loro', porque no ha podido sacar ningún recuerdo de ella. Que se lo tenga que grabar porque sabe que eso no se lo van a quitar nunca es muy doloroso".
Sin casa, pero pagando hipoteca y alquiler
La historia de Eva Medina y su familia es tan solo una de las decenas que alberga cada vivienda derribada en las calles Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares, de las cuales 21 han quedado recogidas en el documental 'Vidas Rotas', creado por su hijo, Iván Fuentes. Su casa se ubicaba en el número 1 de la calle Rafael Alberti y fue, junto a los pisos del bloque 3 de la misma calle y del 4 de la Presa, una de las 27 viviendas derribadas a finales de mayo de 2022.
Su sufrimiento se remonta meses atrás. Durante un año, Eva estuvo viendo cómo su casa se abría en canal sin recibir ninguna comunicación oficial. La primera grieta fue en abril de 2021, el día que enterró a su madre. Hasta entonces, Eva había sido testigo de las continuas obras que habían realizado en la calle la Presa, donde ya habían derrumbado tres casas unifamiliares en 2018: "Me había tirado cuatro años encerrada entre la pandemia y el tiempo que pasé cuidando a mi madre, que estaba muy enferma". Lo había visto todo desde su ventana y ahora también tenía una grieta que cruzaba de extremo a extremo la pared del cabecero de su cama: "Hubo un crujido por la noche que no sabía ni de dónde venía. A partir de ahí empezaron a salir por todos los sitios". Fue entonces cuando se decidió a hablar con el Ayuntamiento para comunicarle que su casa estaba "destrozada".
"Empezaron a venir a mi calle cada vez más técnicos, pero en ningún momento nos decían que la casa estuviera en peligro”, ha explicado. Dos meses después, en junio, les comunican que tienen que hacer un estudio de los pilares del edificio. Sin más noticias durante el verano, el 4 de septiembre de 2021, Eva se lanzó a la calle: "Estoy en la terraza y veo a un montón de gente, como 11 personas que yo no conocía. Bajé a preguntar y me dijeron 'tranquila, ya le vamos a arreglar su casa, vamos a empezar con la obra desde los garajes'. Les dije que no iban a hacer nada dentro de una propiedad privada hasta que no hicieran una reunión explicándonos qué es lo que iban a hacer".
Tras ello, comenzaron las reuniones de vecinos en el patio de la comunidad, el revuelo por encontrar un abogado y las escasas comunicaciones de la Comunidad de Madrid. "Nos dijeron que no había ningún problema de que hicieran esas pruebas en los garajes, pero que como nos habíamos puesto así y ellos premiaban la seguridad, que nos sacaban unos cuantos días en esos apartahoteles y que de esa manera no teníamos ese miedo".
A pesar de los intentos incesantes porque les desalojaran a pisos de la localidad, Eva asegura que la Comunidad de Madrid insistió en trasladarles a los apartamentos Compostela, situados a 8 kilómetros de San Fernando de Henares. "El día 15 nos dijeron que en una semana había que salir de ahí. Eso ya fue por emergencia. El 20 de septiembre mandan al Ayuntamiento la orden de desalojo. Les habían dado 24 horas para salir. Fuimos a ver los apartahoteles y los tenían reservados a nombre de las todas las personas desde el día 1 de septiembre. Antes de que yo paralizase la obra", denuncia Eva, que critica la gestión de la Comunidad de Madrid durante todo el proceso.
El 20 de septiembre de 2022, Eva y sus vecinos fueron desalojados de los apartamentos Compostela, donde residían desde el mismo día del año anterior. La Comunidad de Madrid les ha ofrecido 798 euros por familia para poder pagar un piso de alquiler. Sin embargo, los vecinos aseguran que, a día de hoy, siguen sin cobrarlos. Además, exponen que los pisos amueblados en la zona superan los 1.000 euros y aún tienen que pagar la hipoteca de un piso que "ni se disfruta, ni existe", tal y como denuncia Iván Fuentes.
La Comunidad de Madrid, por su parte, aquejaba que, de las 24 familias afectadas por los derrumbes de 2022, solo 8 habían solicitado la ayuda al alquiler. "En todo momento, la Comunidad de Madrid ha situado a los vecinos en el foco de las soluciones, por lo que está aplicando con diligencia todas las vías y respuestas legales para atenderles con agilidad sin escatimar medios humanos ni económicos. Esta cantidad nunca se les va a descontar de la indemnización final, sino todo lo contrario, si las familias incurren en un mayor gasto en alquiler una vivienda, el Gobierno regional se hará cargo de la cuantía incluyéndola en la indemnización final", han indicado fuentes del Ejecutivo regional a laSexta.com.
Además, aseguraban que "se está ultimando los expedientes de responsabilidad patrimonial para poder indemnizarles", incluyendo "el valor de la vivienda, el del suelo, los enseres y el daño moral": "Serán los importes máximos que la Administración regional pueda ofrecerles legalmente". No obstante, el presidente de la asociación de afectados por la línea 7B de Metro 'Presa-Rafael Alberti', Juan Fuentes, reitera que no todos los vecinos pueden acceder a estas ayudas: "Cuando tienes una ayuda familiar con 426 euros y entras en una inmobiliaria te dicen que sin contrato no puedes acceder al alquiler, o cuando tienes una pensión muy baja, o de viudedad... los que pueden acogerse a los alquileres la entregan; los que no, se han ido a 50 kilómetros a segundas viviendas o han tenido que irse los padres a un sitio y los niños a otro con los abuelos para poder tener la opción".
Además, recordaba que al ser un incremento de patrimonio tendrán que declararlo a Hacienda, al igual que las posteriores indemnizaciones. "Parece que quieren acusarnos y de pasar a ser víctimas somos culpables. No tiene sentido", ha lamentado. En su caso concreto, la hipoteca asciende a 575 euros mensuales que, unidos a los 1.100 del piso de alquiler en la localidad, duplican la cuantía ofertada por la Comunidad de Madrid. "Para alquilar un piso te piden por lo menos tres mensualidades de las que alquilas. Hay familias con hipotecas, ¿de dónde sacas ese dinero? Es imposible", agregaba Eva.
"Si tienen que cerrar el Metro, que lo hagan"
Todo comenzó en 2007. La línea 7 de Metro llegaba hasta 'Las Musas'. En principio, la Comunidad de Madrid anunció la creación de 6 paradas más: Estadio Olímpico (ahora Estadio Metropolitano), Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla y otras dos estaciones en la localidad de San Fernando de Henares: San Fernando y Jarama. Sin embargo, la inauguración del Hospital del Henares impulsó al Gobierno autonómico a la ampliación de otras dos paradas más: Henares y Hospital del Henares.
Lo que iba a ser una línea recta entre las estaciones de San Fernando y Jarama se convirtió en un plano de Metro curvo que recorrería casi 4 kilómetros del subsuelo de San Fernando de Henares. Y en tiempo récord: tan solo dos meses. El alcalde de la localidad, Javier Corpa, ha explicado a laSexta.com que "no se tuvieron en cuenta una serie de condicionantes porque se obviaron informes geológicos y geotécnicos de una parte de trayecto que trascurre por San Fernando", ubicado en "una zona con muchos yesos que, en contacto con el agua, se disuelven".
Desde su inauguración, el extremo final de la Línea 7B ya ha tenido que cerrarse en 9 ocasiones. La primera tan solo un semestre después de su apertura al completo. Las filtraciones volvieron a causar estragos en 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 y 2022. De hecho, el último cierre aún sigue vigente entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares.
"Esto va a ir creciendo como una mancha de aceite", asevera Juan, que indica que, en San Fernando, integrado en el Parque Regional del Sureste y limitado a la construcción de un máximo de cuatro alturas por su cercanía al aeropuerto, no existe mucho más suelo urbanístico. Así, llama al Gobierno de Ayuso a tomar decisiones políticas: "Hay posibilidades que se podrían tomar de reordenación del plan general urbano y dotaciones municipales que existen urbanizables, pero tiene que ser una decisión suya".
Los vecinos, que comparan su situación con la sufrida por el hundimiento de El Carmel en Barcelona en 2005, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe ante "la inacción de Ayuso" y han vuelto a lanzar un mensaje de auxilio: "Nosotros lo que pedimos, más allá del daño moral, es vivir en San Fernando de forma normal, como antes".
