La operación ha
finalizado con la detención de doce personas, entre las que se encuentra un
chatarrero sevillano como receptor de la mercancía, y la emisión de órdenes de
detención de otras nueve.
Según ha informado el
Instituto Armado en un comunicado, a los detenidos se les imputan 82 robos
distribuidos en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén,
Málaga, Badajoz, Ciudad Real, Castellón o Tarragona, entre otras provincias.
La operación policial,
denominada Operación 'Silver Sun', se inició en el mes de abril de 2018 a raíz
de una serie de robos de cable de cobre cometidos en municipios de la comarca de
la Sierra Norte de Sevilla.
Estos robos presentaban
especial similitud con otros cometidos en las provincias de Sevilla, Córdoba y
Cádiz, por ello, dentro del 'Plan Nacional Permanente de Respuesta a la Actividades
Ilícitas Relacionadas con el Cobre', los Equipos de Robos en el Campo (ROCA) de
la Guardia Civil especializados en la investigación de este tipo de delitos,
establecieron dispositivos de vigilancia.
En la investigación, se
sospechó de un grupo de personas de nacionalidad rumana, procedentes de barrios
de la periferia de Sevilla y de San Juan de Aznalfarache, que ya había sido
objeto de investigación anteriormente.
Al comienzo de la
investigación se pudo comprobar que esta organización se dividía a su vez en
dos grupos interconectados entre si compuesto por entre ocho y diez personas. A
su vez estaban perfectamente estructurados y jerarquizados cuando 'salían a
trabajar', teniendo cada componente un rol asignado dentro de la organización,
además de tener un alto grado de especialización.
A diario ambos grupos
viajaban siempre a instalaciones distintas y en diferentes provincias muy
alejadas unas de otras, con la finalidad de eludir las labores de investigación
de los equipos ROCA.
Para la elección de la
instalación donde pretendían robar, en primer lugar, uno de los miembros de la
organización se valía del uso de dispositivos electrónicos y de cartografía vía
satélite para captar imágenes de instalaciones susceptibles de poseer grandes
cantidades de cobre, imágenes que enviaba al jefe de la organización para que
éste repartiese las instalaciones a robar entre ambos grupos.
Una vez tenían
seleccionada una instalación, el grupo al que le correspondiese actuar en ella,
viajaba de noche hasta el lugar en un mínimo de dos vehículos. La organización
cambiaba los vehículos cada mes aproximadamente, poseyendo una flota de hasta
ocho turismos y furgonetas.
Uno de estos vehículos
siempre era un turismo tipo berlina donde viajaban casi todos los integrantes
del grupo, y otro tipo furgón conducido siempre por tan solo una persona con la
función de realizar vigilancias durante la comisión del robo hasta que era
avisado de que ya podía entrar en la instalación para realizar la carga del
cable de cobre, momento en el que otros miembros le sustituían en las labores
de vigilancia.
Muchos de los robos
investigados se llegaron a cometer en un periodo de hasta tres días, sirviendo
el primero para vigilar la zona y sus exteriores y así verificar la existencia
de sistemas de seguridad o presencia de vigilancia privada, para lo que hacían
saltar las alarmas, comprobando con ello el tiempo de reacción de la vigilancia
privada y de los cuerpos de seguridad existentes en la zona.
Una vez comprobado este
extremo, en un segundo día realizaban lo que llamaban una 'cata de cable' para
verificar si éste era de suficiente calidad y de interés para el chatarrero que
previamente había encargado el metal.
Finalmente, en un tercer
día, entraban en la instalación y se ocultaban en las proximidades hasta que
las patrullas policiales comprobaban la veracidad del robo dando por hecho que
se trataba solo de un intento al no observar posibles autores ni daños en las
instalaciones. Era es este momento cuando volvían y sustraían grandes
cantidades de cobre con total impunidad, en algunas ocasiones más de 3.000 kilogramos.
Una vez cometido el
robo, uno de los vehículos se situaba como 'lanzadera' y mantenía contacto
permanente con el vehículo de carga para avisar de la posible presencia de
controles policiales hasta llegar a una chatarrería clandestina situada en la
provincia de Sevilla. Dicha chatarrería permanecía con la puerta cerrada.
A la llegada del
vehículo de carga, el chatarrero, activo miembro de la organización, se quedaba
con el cobre previamente encargado y directamente lo llevaba a una finca
situada a unos cinco kilómetros en la periferia de Sevilla donde lo ocultaba
hasta tener una carga mínima de seis u ocho toneladas, momento en el que era
trasladado ya prensado en camiones hasta una empresa mayorista del metal
también situada en Sevilla.
Entre los perjudicados
por los robos cometidos por dicha organización se encuentran grandes
eléctricas, a las que ha llegado a causar daños y grandes pérdidas económicas
en sus plantas fotovoltaicas situadas por toda la geografía española, habiendo
dejado en algunas ocasiones sin suministro energético a grandes zonas y
localidades.
Otro de los grandes
perjudicados ha sido la Comunidades de Regantes del Valle inferior del
Guadalquivir, que con más 20.000 hectáreas de superficie agrícola para riego,
llegaron en octubre del pasado año a sufrir un robo que causó pérdidas
valoradas en más de 28 millones de euros.
La madrugada del pasado
día 21 de febrero, los investigadores de la Guardia Civil tuvieron conocimiento
de que ambos grupos se encontraban cometiendo robos en dos plantas
fotovoltaicas, una situada a las afueras del municipio cordobés de
Almodovar del Río, y otra situada en la pedanía antequerana de Aldea de
Santa Ana (Málaga), por lo que sabiendo que uno de ellos regresaría por la
autovía A-4 y otro por la autovía A-92, se estableció un amplio dispositivo que
dio como resultado la detención de los dos grupos a la misma vez.
Al día siguiente se
procedió a la detención de otras cinco personas, entre ellos el chatarrero que
daba salida al cobre en empresas mayoristas del metal, incautándose un total de
7.000 kilogramos de cable de cobre que se encontraba oculto en una finca para
su posterior venta. En el momento de su detención, el chatarrero portaba 24.000
euros en efectivos de los que no supo demostrar su procedencia.
En el transcurso de la
operación se han intervenido herramientas de diversos tipos, teléfonos móviles,
sistemas de comunicación tipo walkies, dinero, varios vehículos, una escopeta,
así como documentación fiscal que demuestra que el chatarrero investigado había
vendido cable de cobre por valor de más de 80.000 euros de tan solo durante los
últimos meses de 2018 a grandes industrias dedicadas al reciclaje de este tipo
de metal.
El juzgado que instruye
la causa ha decretado el ingreso en prisión de los siete cabecillas de la
organización a los que se les imputa un total de 82 delitos entre robos con
fuerza, daños y desordenes públicos, habiendo ingresado también en prisión el
chatarrero como autor de un delito continuado de receptación y pertenencia a
organización criminal. También se han generado órdenes de detención sobre nueve
miembros de la organización delictiva que se encuentran en paradero desconocido.
La operación ha sido
llevada a cabo por el equipo ROCA de la Compañía de La Rinconada (Sevilla), con
la colaboración activa de los equipos ROCA 31 de la Compañía de Córdoba y el
equipo ROCA de la Comandancia de Cádiz. La investigación sigue abierta, no
descartándose nuevas detenciones.