El Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto de ley para facilitar las reclamaciones de los consumidores, que podrán consultar en un registro público cómo van sus quejas. Según informó el Ministerio de Justicia, este anteproyecto ha sido impulsado por este departamento en colaboración con el de Consumo, que dirige Alberto Garzón.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, la titular de Justicia, Pilar Llop, explicó que la futura norma se centra en la defensa de los derechos de los consumidores, con el fin de lograr mayor eficacia en las acciones que se ejerzan de forma colectiva contra acciones y omisiones de empresarios. Llop resaltó que el texto legal presentado "reforzará" estas acciones conjuntas, que serán incluidas en el Registro Público de Acciones de Representación, que gestionará el propio departamento de Justicia.

El objetivo es que este registro sea "una pieza clave del sistema que fomentará la transparencia y el conocimiento de las acciones de representación en marcha, tanto en general como por sus posibles beneficiarios". El anteproyecto busca solventar la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado ante una posible práctica ilícita por parte de un empresario, ya que, si acude a la vía judicial, en la mayor parte de los casos hay una desproporción entre los gastos que esto conlleva respecto a las cantidades que el consumidor recupera.

La norma regula por primera vez la posibilidad de llegar a un acuerdo, dentro del propio proceso, entre el consumidor y la empresa. Igualmente, se recoge la necesidad de que exista una reclamación previa antes de demandar por esta vía. La futura ley traspone la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.

Esta disposición comunitaria pretende dotar de instrumentos para ejercer sus derechos y obtener una compensación mediante un modelo de reclamaciones representativas común a toda la UE. Así, la ley responde a la consideración de la protección de los consumidores como una prioridad, tanto a nivel de la UE como en España, donde la propia Constitución, en el artículo 51.1, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios.

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