En declaraciones a la prensa sobre estos casos, Pujol señaló este miércoles que "hay personas que tienen este mal momento en la vida, que los lleva a hacer algo que después quizás se arrepentirán" en relación a los abusos a menores cometidos entre 2015 y 2016 por tres sacerdotes de su diócesis, uno de los cuales ya ha fallecido.
También indicó que los sacerdotes implicados en casos de abusos "han podido tener sus errores o faltas, pero no son tan graves como para decir que deben ser secularizados", y esgrimió que "una cosa es la Iglesia y otra, los miembros de la Iglesia".
Tras las críticas que estas palabras suscitaron en diversos ámbitos, Pujol puntualizó en un comunicado que algunos habían interpretado sus palabras "como si pretendiera rebajar la importancia de los hechos" y aclaraba que "cualquier actuación de este tipo, impropia de nadie y más aún de un presbítero, me parece gravísima".
Un día después de esta polémica el Arzobispado de Tarragona ha comunicado que un obispo diocesano, al cumplir los 75 años, "es rogado que presente la renuncia de su cargo al Sumo Pontífice, el cual, después de sopesar todas las circunstancias, proveerá".
Según este protocolo, el arzobispo metropolitano Jaume Pujol debe presentar su carta de renuncia poniendo su cargo a disposición del papa. Previendo la proximidad de la edad de jubilación, muchas veces antes de la misma se inicia el proceso de provisión de la sede que quedará vacante, según el Arzobispado.
Corresponde a la Nunciatura Apostólica de cada país, encabezada por el Nuncio, iniciar una serie de contactos con los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, algunos de los miembros de la Iglesia diocesana y también con la Conferencia Episcopal Española.
Pujol informó personalmente ayer de que ya se habían iniciado los trámites de renuncia y que la decisión de aceptarla y de nombrar al nuevo arzobispo depende totalmente de la Santa Sede, dentro de un plazo que puede ser de "semanas, meses o un año".
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