Los bomberos de Castilla y León han llegado este sábado a la sede del gobierno autonómico, tras cinco días recorriendo la Sierra de la Culebra, asolada este verano por el fuego, como protesta por lo que se les viene encima. El 70% de la plantilla se queda sin trabajo y, por tanto, no podrán hacer los trabajos de prevención de incendios del próximo año.
Estos trabajadores que se quedan sin contrato son los mismo que, hace apenas dos meses, combatían contra las llamas en dos de los peores incendios de la historia de España. Se enfrentaron a las llamas de las 60.000 hectáreas de la provincia de Zamora. Las que convirtiendo la Sierra de la Culebra, reserva de la biosfera, en un inmenso campo de cenizas. Un mes después, el operativo de extinción ya no los considera necesarios.
Rubén Velázquez, trabajador de Brigadas Forestales Castilla y León, asegura que forma parte del 70% de la plantilla que va al paro, a pesar de que hay trabajo por hacer en materia de prevención. "En estos seis mees podríamos realizar tareas. Como, por ejemplo, prevenir la erosión en La Culebra o cambiar el modelo silvícola para prevenir un gran incendio", asegura.
Los bomberos han realizado una marcha para recordarle a la Junta de Castilla y León precisamente eso, que la prevención es la mejor herramienta contra el fuego. Lucas Ferrero, presidente de la Asociación 'La Culebra No Se Calla', asegura que los incendios no se apagan solo los meses de verano, también en invierno. "La gente se podría quedar en los pueblos si hubiese cuadrillas de prevención, no de extinción", señala.
La Junta ha acordado esta semana duplicar anualmente el presupuesto del operativo contra incendios: un total de 65 millones de euros anuales que permitirán incrementar también las plantillas. Y no solo en verano. "Un acuerdo que beneficiará a las más de 4.500 personas que forman parte ya del mismo", explica el portavoz de la Junta, José Ángel Arranz. Sin embargo, para algunas asociaciones es un acuerdo insuficiente. Rubén Velázquez, trabajador de las brigadas forestales de Castilla y León, no entiende por qué tiene que esperarse a abril de 2023 para incorporarse y empezar con la prevención.
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Paralelamente, la Junta ha aprobado también una partida de 35 millones de euros para los municipios afectados. La asociación que los agrupa pide responsabilidades por un incendio cuya desmesura atribuyen a la falta de medios para sofocarlo.
Sentencia del alto tribunal
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