En menos de dos meses, los vigilantes privados podrían identificar, detener y cachear a cualquier ciudadano en plena vía pública. La Ley de Seguridad Privada ha sido aprobada en el Congreso con el apoyo del PP, CIU y PNV. El resto de fuerzas políticas la han rechazado "en rotundo".
La oposición argumenta que quita competencias a las fuerzas de seguridad del Estado, porque es un regalo para las empresas del sector, porque incrementa el peso de lo privado frente a lo público y así una larga lista de porqués expuestos por el PSOE.
La polémica está servida. Además los nuevos "agentes" podrían también vigilar hasta el perímetro de las cárceles e incluso, "la persecución en espacios públicos de delincuentes sorprendidos en flagrante delito, aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
La seguridad privada reúne a 1.500 empresas y da empleo a 85.000 personas. Teniendo en cuenta que la Policía pierde alrededor de 2.000 agentes al año por jubilación, no es descabellado que se cuestione la "privatización" de la seguridad.
Con esta Ley, España perderá en los próximos cinco años alrededor de 20.000 agentes de seguridad pública.