dos semanas de su aplicación
El veto australiano a las redes sociales para menores marca el camino: Malasia y la UE ya toman nota de la inédita medidados semanas de su aplicación
El contexto Desde el pasado 10 de diciembre, los menores de 16 años tienen vetado el acceso a aplicaciones como TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. El Gobierno australiano defiende la medida para proteger su salud mental.
Se cumplen dos semanas desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir por ley el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Ni partidas de videojuegos en línea, ni bailes en TikTok, ni perfiles activos en plataformas digitales: el país ha dicho basta y ha abierto un debate global que podría extenderse a otros Estados.
Desde el pasado 10 de diciembre, los menores de 16 años tienen vetado el acceso a aplicaciones como TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. El Gobierno australiano justifica la medida como una herramienta para proteger la salud mental de los menores y reducir riesgos como la ansiedad, el ciberacoso, la exposición a contenidos violentos o la pederastia, factores que, en los casos más extremos, pueden derivar en situaciones de autolesión o suicidio.
El primer ministro ha subrayado que la norma responde a una demanda expresa de las familias y que supone "una victoria de los padres" frente al impacto de las plataformas digitales en la infancia y la adolescencia.
No obstante, la ley no está exenta de críticas. Naciones Unidas ha advertido del posible aislamiento de los colectivos más vulnerables, como niños y niñas indígenas, menores que viven en zonas remotas o jóvenes pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, para quienes las redes sociales pueden ser una vía de apoyo y conexión.
El propio Gobierno australiano reconoce que se trata de una legislación imperfecta, pero considera que es necesaria. En caso de incumplimiento, las grandes plataformas tecnológicas se enfrentan a sanciones de hasta 28 millones de euros.
La decisión de Australia ya empieza a marcar tendencia. Malasia ha anunciado que aplicará una medida similar a partir de 2026, mientras que la Unión Europea sigue de cerca la evolución de esta política pionera.
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