Ya han pasado tres días desde que decayó el estado de alarma en España y poco a poco se va aclarando la situación en las comunidades que reclamaron a la Justicia la posibilidad de aplicar determinadas medidas y restricciones -hasta ahora amparadas únicamente por el mecanismo excepcional implementado por el Gobierno- para controlar la pandemia. Aunque esto no quiere decir que el escenario sea menos caótico y confuso tras la resoluciones judiciales que se han ido conociendo en las últimas jornadas.

Porque aunque solo cinco autonomías (Comunitat Valenciana, Baleares, Euskadi, Canarias y Navarra) solicitaron a los correspondientes tribunales superiores de justicia poder mantener las restricciones a la movilidad nocturna, los TSJ han avalado que continúen en vigor en tan solo dos comunidades autónomas (Baleares y la C. Valenciana). En el resto de peticiones, los tribunales entienden que se tratan de normas desproporcionadas para controlar la evolución de la situación epidemiológica en los territorios.

Comunidades que mantienen el toque de queda

Baleares: El Gobierno balear ha conseguido el aval del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) con tres votos a favor y dos en contra, por lo que ha podido prorrogar el toque de queda hasta el 23 de mayo de 23:00 a 6:00 horas, pero también los controles de pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos de las islas, limitar en seis el número de personas en reuniones sociales y familiares en domicilios particulares y restringir el aforo en espacios de culto.

Comunitat Valenciana: También el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha aprobado las peticiones que realizó la autonomía valenciana para que se limite la movilidad nocturna entre la medianoche y las seis de la mañana, y que las reuniones sociales sean de un máximo de diez personas. En este caso, los jueces han acotado la vigencia de estas restricciones hasta el 24 de mayo con posibilidad de prórroga en función de la evolución de la pandemia.

Comunidades donde decae el toque de queda

Canarias: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazó que siguiera vigente el toque de queda en las islas tras el fin del estado de alarma, así como la limitación de entrada y salida de personas en las islas que se encuentran en los niveles de alerta 3 y 4. Los magistrados solo autorizaron limitar el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios públicos y privados. Aunque en un primer momento la administración afirmó que recurriría al Supremo esta decisión, el Gobierno insular baraja ahora no acudir al Alto Tribunal ante el "no rotundo" que cree que recibirá.

Navarra: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechazado también el toque de queda nocturno que había requerido el Gobierno foral de la Comunidad como medida de seguridad frente al avance del virus en el territorio al considerar que no supera el canon de "necesidad y proporcionalidad". El organismo tampoco ha avalado el cierre de terrazas de la hostelería a las 22 horas al ser una medida vinculada a la limitación de la movilidad nocturna, aunque sí ha apoyado la limitación de reuniones a un máximo de seis personas en espacios públicos y privados.

Euskadi: Como en el caso de Canarias y Navarra, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no ha aprobado mantener el toque de queda nocturno entre las 22:00 horas y las 06:00 horas, así como tampoco los cierres perimetrales de Euskadi y de los municipios. Ni siquiera la limitación del número de personas que pueden reunirse al entender que el ordenamiento jurídico actual "no permite que las Comunidades puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado".

Cabe destacar que Aragón, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla no han solicitado a la Justicia la aplicación de ninguna medida excepcional que afectase a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Por tanto, se han limitado a implementar las restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial, si bien algunos de los territorios, especialmente los gobernados por el Partido Popular, se han mostrado muy críticos con la decisión del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma.

El Ejecutivo, por su parte, ha insistido en la defensa de su plan para combatir la crisis sanitaria sin necesidad de prolongar más tiempo el estado de alarma pese al terremoto jurídico y político que ha provocado el fin de este mecanismo constitucional. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que las comunidades cuentan con "amplios instrumentos" con los que poder atajar los problemas derivados de la pandemia, y ha zanjado, como lo han hecho otros miembros del mando central, que el estado de alarma es el pasado y la vacunación es el "futuro".