La mayoría de los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo (nueve frente a seis) se ha pronunciado a favor de rechazar el recurso de Kepa Pikabea, es decir, que la aplicación de la normativa europea no debe llevar a la excarcelación de presos etarras, decisión en la que han coincidido con lo solicitado por el fiscal. Una minoría de los magistrados era partidaria de consultar al Tribunal de Luxemburgo para que dirimiera cómo se debe aplicar en España la citada decisión marco adoptada en 2008 por el Consejo de Europa.