La reducción de la jornada centra las reivindicaciones del Día del Trabajador con manifestaciones por toda España

La reducción de la jornada laboral centra las reivindicaciones de este 1 de mayo, Día de los Trabajadores, una jornada en la que los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han convocado más de 80 manifestaciones, concentraciones y actos por toda la geografía española. Movilizaciones que llegan con esta medida aún pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros, porque, aunque el proyecto de ley iba a aprobarse en segunda vuelta esta semana, se pospuso por el histórico apagón del lunes.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado sin embargo que estamos "ya en el punto de no retorno", porque "el próximo martes se aprueba el texto definitivamente y entra en el Congreso". "Ahora va a haber una gran conversación pública y vamos a poder escuchar a todas las formaciones políticas sobre una medida que afecta a 12 millones de personas trabajadoras", ha subrayado la vicepresidenta tercera en 'TVE', donde ha aseverado que "es necesario saber para qué sirven los 137 diputados del PP".

Unas declaraciones que Díaz ha realizado antes de acudir a la marcha principal de la jornada, que ha arrancado a mediodía en el centro de Madrid, donde ha recorrido desde Gran Vía hasta Plaza de España, bajo el lema "Proteger lo conquistado, ganar futuro" y encabezada por los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Allí, Díaz ha proclamado que este será "el último 1 de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país" y ha insistido en qué hará el PP y si sus 137 diputados "van a escuchar a 12 millones de trabajadores y trabajadoras que quieren ver reducida su jornada laboral". "Nos costará, pero va a ser realidad en España", ha sentenciado.

A esa manifestación en la capital también han acudido las ministras de Sumar Sira RegoyMónica García. Por parte del PSOE, lo ha hecho el ministro Óscar López, que también ha garantizado que se va a "reducir la jornada laboral" y "los derechos de los trabajadores van a seguir avanzando".

Otros miembros del Gobierno, a su vez, han acudido a las concentraciones en otros puntos de España, como Pilar Alegría, en Zaragoza, o María Jesús Montero, que desde Sevilla ha expresado su deseo de que "podamos contar con todos los grupos políticos" para aprobar esa reducción de la jornada a 37,5 horas este año.

Los sindicatos instan a no obstaculizar la tramitación

Ello, en un momento en que la reducción de la jornada aún no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante en la Cámara Baja, por lo que los sindicatos también han instado al resto de formaciones políticas a no impedir su tramitación parlamentaria.

En declaraciones a los medios antes de que arrancara la manifestación en Madrid, el líder de CCOO, Unai Sordo, incidía en que "España tiene que consolidar una reducción legal del tiempo de trabajo". "Instamos a los grupos políticos a que no cometan el fraude de ley que supondría no tomar en consideración el acuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales y el Gobierno", ha aseverado.

Álvarez, a su vez, ha lanzado "un llamamiento especial a los grupos parlamentarios para que si el martes definitivamente el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley", este "siga su tramitación parlamentaria". "Sería absolutamente impresentable, sería un timo a la democracia que los grupos parlamentarios impidan que se haga ese debate", ha advertido, apostillando que "no se trata de aprobar el proyecto de ley tal y como va", sino de "ver si el Parlamento atiende a una demanda de cerca del 70% de los ciudadanos".

Reforma del despido y empleo público

Otra de las reclamaciones clave en esta jornada de reivindicación es la modificación del régimen de despido. Los sindicatos piden una mesa de diálogo social para acomodar la legislación española a la europea de tal forma que despedir sea el último recurso para las empresas.

El líder de UGT, que ha sentenciado que "las empresas se están forrando", también ha denunciado que "en España no podemos continuar con esta tasa de reposición que impide que las administraciones públicas puedan contratar a aquellas personas que necesitan para poder dar los servicios públicos". "Eso es lo que nos ha llevado a esta situación de precariedad y en buena parte también a la falta que en estos momentos tenemos de empleados y empleadas públicas para dar un servicio de calidad", ha manifestado Álvarez.