El rey emérito Juan Carlos I ha decidido marcharse de España. Así lo ha anunciado la Casa Real con un comunicado en el que el anterior monarca explica a Felipe VI que ha tomado esta decisión "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, "y guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles".

La realidad es que, en la actualidad, Juan Carlos I mantiene varios frentes judiciales abiertos a los que el abogado del monarca ha hecho referencia en un segundo comunicado: "Me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna".

Una decisión que el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín considera "bien matizada". La razón la ha explicado en Más Vale Tarde: "Dice que si hay algo que quieran investigar, estaría a su disposición. Si no, estaría siendo un prófugo, o incluso, llegando a los máximos extremos, podría declararse como un rebelde".

Martín Pallín ha señalado que ha sido "la Fiscalía Anticorrupción la que inició la investigación", y que este organismo "ha visto que los datos que tenía eran suficientes para que fuera el tribunal y la fiscalía competente la que siguiera adelante". En este sentido, el magistrado emérito del Supremo asegura que la inviolabilidad no la ve “en estos hechos que no tienen que ver con sus funciones”.

No obstante, ha matizado afirmando que "puede que sus hechos desde su abdicación no tengan materia delictiva", si bien ha profundizado: "Hay un ingreso a dos fundaciones" y "un blanqueo de bienes de procedencia ilícita". Para Martín Pallín, si Juan Carlos I "no fuese el anterior jefe del Estado, con estos hechos, reconocería una culpabilidad".