Los policías que investigaron en 2016 a Podemos contaban con la aprobación del ministro del Interior español, "que habló con el presidente español", según un audio que publica en exclusiva Moncloa.com. En aquel año, el titular de Interior era Jorge Fernández Díaz y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los tres agentes fueron enviados a Nueva York para reunirse con Rafael Isea, un político venezolano que llegó a ser ministro de Finanzas en el Gobierno de Chávez, supuestamente para ofrecerle al exdirigente chavista medidas de protección personal a cambio de su ayuda para rastrear los fondos que presuntamente llegaron a la caja de caudales de la Fundación CEPS, según la información del diario digital.

Según este mismo medio, los policías obtuvieron durante la reunión una declaración de Isea en la que avalaba la autenticidad de un documento que recogía un pago realizado por Venezuela en 2008 a la Fundación CEPS por 7,1 millones de euros. A cambio, según apunta Moncloa.com, los agentes ofrecieron al político venezolano identidades nuevas, documentación y "una nueva vida" en España para todas las personas que él designara.

"Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente (del Gobierno) español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos”, según el audio que publica en exclusiva Moncloa.com, el inspector José Ángel Fuentes Gago.

La reunión con el político venezolano se celebró el 12 de abril de 2016 en la delegación diplomática de España en Nueva York, duró 63 minutos y fue grabada en secreto por la policía.

Fuentes cercanas al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, han negado que dieran ninguna orden. Aseguran que ningún cargo público del Gobierno dio mandato alguno a los funcionarios de la policía judicial que intervinieron. Y que las afirmaciones que pudieron realizar esos agentes se realizaron en el contexto del trabajo policial "y sin responder, en ningún caso, a instrucciones o mandatos de ninguna autoridad política".

Sostienen también que la declaración se produjo a iniciativa del ciudadano venezolano, "de forma voluntaria" y que la Fiscalía estaba informada de la toma de declaración antes y después, cuando fue informada de su contenido.

Por último, aclaran que si la Policía Nacional recibe una denuncia "tiene la obligación de investigar los hechos denunciados, con independencia de si afectan a un partido político o a personas del mismo y no hacerlo sería un delito".