El caso Pikachu deja un nuevo reguero de imputaciones por corrupción en la concesión de contratos públicos por 12 millones de euros. Están implicados un total de 12 cargos políticos y funcionarios, entre los que se encuentra el teniente de alcalde del ayuntamiento coruñés, que gobierna el Partido Popular. "Son notificaciones personales, no para el Ayuntamiento", ha señalado Martín Fernández, delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de A Coruña.
El escándalo también afecta de lleno al PSOE. "Cuando vaya a declarar me enteraré de qué se me acusa", ha declarado José Nogueira, concejal socialista imputado.
La mancha de la corrupción de la operación Pokémon se extiende ya por tres de las cuatro provincias gallegas. Con un centenar de imputados por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude. Entre ellos dos alcaldes: el de Santiago, del PP, y el de Lugo, del PSOE. Además hay dos exalcaldes: el de Ourense y el de Santiago. Y ahora, el primer teniente de alcalde coruñés. El politólogo Antón Losada cree que "demuestran que el principal motor para la privatización de servicios públicos no es la eficacia ni la eficiencia, sino las posibilidades de aumentar la corrupción y el intercambio de favores entre gobiernos y empresas".
La juez Pilar de Lara investiga una presunta trama de sobornos, tratos de favor e incluso, financiación ilegal. En el centro se encuentra Vendex, un conglomerado de empresas que factura decenas de millones de euros a los ayuntamientos gallegos por servicios tan diferentes como la grúa, el plan ORA, la limpieza, o la gestión de servicios culturales.