Nueve empresarios imputados en la pieza que investiga la
presunta financiación irregular del PP valenciano han alcanzado un acuerdo de
conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que admiten que financiaron
de forma ilegal al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en
las generales de 2008.
Los industriales siguen la iniciativa de tres arrepentidos
que renocieron los hechos el pasado mes de abril. Enrique Ortiz, Alejandro Pons
y José Francisco Beviá confesaron entonces haber financiado ilegalmente al
partido y solicitaron una reducción de pena, han confirmado a Europa Press fuentes
conocedoras del acuerdo.
Los seis empresarios restantes acudirán este viernes a
la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid para rubricar el acuerdo. Mostrarán
su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el
PSOE de la Comunidad Valenciana, personado como acusación popular, y
reconocerán haber realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas
campañas electorales, agregan las citadas fuentes.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para los nueve penas
de entre cuatro y seis años de prisión por delitos en las cuentas electorales y
falsedad en documento mercantil.
Los empresarios se encuentran entre las 20 personas que se
sentarán en el banquillo en el juicio fijada para el próximo 13 de marzo por
financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)
entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y
municipales de 2007 y las generales de 2008.
Entre los acusados se encuentran también el presunto líder
de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el
responsable de Orange Market, Alvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a
cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y
Vicente Rambla.
El resto de acusados son empresarios radicados en la
Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a
nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón
Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan
Cotino, Vicente Cotino.
La empresa de la trama Orange Market en 2004 con la
realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's
Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange
Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales.
Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15
millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las
municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado
por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882
euros).
Según el juez, el sistema de pago de los gastos que
realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma
dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades
económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma
legal mediante la emisión de factura".