La nueva ley desclasificará automáticamente los secretos del franquismo y la Transición y añade plazos y multas para quien incumpla

Tras varios intentos previos a iniciativa del PNV, el Gobierno emprende una nueva incursión para acabar con la ley franquista de Secretos Oficiales y sustituirla por una nueva Ley de Información Clasificada. La última vez que lo intentó fue en la pasada legislatura, cuando tuvo listo un texto, pero quedó frustrado cuando se convocaron elecciones. Ahora, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que sacará a la luz los documentos reservados del franquismo y la Transición, al establecer la desclasificación automática de los documentos secretos pasados 45 años o más.

De esta forma, España pondrá fin al secreto sine die que recogía la ley franquista, de 1968, que no establecía plazos para la desclasificación. El proyecto de ley tiene que pasar aún por tramitación parlamentaria y, cuando se apruebe, establecerá un año de adaptación antes de entrar en vigor. Con este nuevo intento, según ha defendido en la rueda de prensa posterior Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, España quedará homologada con las "democracias más avanzadas": "Superamos una rémora de nuestra legislación, una ley preconstitucional que proviene de la dictadura".

El texto establece una serie de niveles de clasificación y unos plazos que van en sintonía con los mismos de la OTAN y la Comisión Europea, ha especificado Bolaños.

El plazo máximo para la info clasificada será de 60 años para el caso de la categoría de 'Alto Secreto', que tendrá un plazo de 45 años más 15 de posibles prórrogas. Las otras tres categoías son 'Secreto' (35 años para la desclasificación más 10 de prórroga), 'Confidencial' (7-9 años) y 'Restringido' (4-5), las dos últimas sin posibilidad de prórroga. No obstante, existirán excepciones para mantener el secreto cuando se considere que existen motivos suficientes, ha precisado Bolaños.

Además de plazos, se podría ligar la desclasificación de documentos a un hecho histórico o a la muerte de personas, como podría ser el caso de colaboradores de la Policía contra el terrorismo, ha ejemplificado el ministro.

Una Autoridad Nacional y un régimen sancionador

Según ha especificado Bolaños, además de plazos, la ley especificará qué organismos podrán determinar la clasificación. Las dos primeras solo pueden ser decididas por el Consejo de Ministros, mientras que las otras dos se amplía a un número "tasado" de autoridades: presidente, vicepresidentes, directora CNI, o jefes del Estado mayor de los distintos Ejércitos, entre otras.

La clasificación de documentos, tendrá que ser "excepcional" y "motivada" -argumentada-, ha añadido Bolaños. Por otro lado, cualquier clasificación podrá ser recurrida por una persona que tenga interés "personal o profesional". La sala 3 del Tribunal Supremo será quien resuelva los posibles recursos.

Además, indica, las violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrán ser objeto de clasificación y se introduce un régimen sancionador con multas que van de los 30.000 a los 2,5 millones de euros.

Para su puesta en práctica, el Gobierno creará una Autoridad Nacional dependiente del Ministerio de Presidencia. Esta Autoridad revisará periódicamente las clasificaciones para comprobar si perdura su afectación a la Seguridad Nacional y la Defensa o si cabe descubrirlo.

Además, las personas que puedan justificar un interés profesional en esta información —como investigadores, periodistas o historiadores— estarán legitimados para solicitar su desclasificación una vez vencido el plazo de clasificación.

También se fortalece el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada a través de la Comisión parlamentaria constituida a este efecto.