Tras la retirada de pasaporte
El ministro Marlaska eleva "la más enérgica queja" al CGPJ por el "grave cuestionamiento" del juez Peinado a los policías en el auto de Begoña Gómez
Los detalles En dicha resolución, el juez asegura que "no cabe duda" de que los agentes que acompañan a la mujer del presidente del Gobierno pueden colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga".
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado una "enérgica queja" a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, por las declaraciones del juez Juan Carlos Peinado. Este cuestionó la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al ordenar la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sugiriendo que los agentes podrían colaborar en su fuga. Grande-Marlaska considera estas afirmaciones como un "hecho de máxima gravedad" y ha solicitado medidas adecuadas. La decisión de Peinado contrasta con la del juez José Luis Calama, quien no retiró el pasaporte a José Luis Rodríguez Zapatero, argumentando su notoriedad pública y falta de riesgo de fuga.
* Resumen supervisado por periodistas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la "más enérgica queja" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que ha realizado por el magistrado Juan Carlos Peinado, titular de la Plaza nº 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, en una resolución conocida este sábado. Así lo han expresado en un comunicado desde la institución después de que Peinado ordenara la retirada del pasaporte de Begoña Gómez argumentando que "no cabe duda" de que los agentes que la custodian podrían colaborar en su fuga.
En dicha resolución, el juez Peinado asegura que no duda de que los agentes que acompañan a la mujer del presidente del Gobierno pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
Así, para el ministro del Interior, esas afirmaciones, recogidas en un auto judicial, "representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".
De esta manera, esas sospechas injustificadas alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".
Por su parte, Grande-Marlaska, considera que estas afirmaciones son "un hecho de máxima gravedad", por lo que ha decidido ponerlas en conocimiento de la presidenta del CGPJ "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones", en un escrito en el que reafirma la plena profesionalidad tanto de los agentes que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de sus superiores jerárquicos.
Una polémica retirada de pasaporte
El juez sumaba así una nueva polémica más a la causa que dirige. El magistrado ha decidido abrir este sábado juicio oral contra Gómez y ha ordenado la retirada de su pasaporte poniendo en duda la profesión de diferentes policías.
Una argumentación que ha generado la indignación del Gobierno, desde donde no dan crédito a la acusación que realiza el magistrado contra la Policía. Ahora bien, esta decisión también contrasta con la que el juez José Luis Calama ha tomado esta misma semana con José Luis Rodríguez Zapatero.
En su caso, denegó la retirada del pasaporte al expresidente porque el investigado "es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento".
"Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad", argumentaba Calama.