Tal y como anunció el Gobierno que ocurriría en cuanto se aprobara la moción, la maquinaria del Estado está ya en marcha. El 6 de noviembre, Sáenz de Santamaría afirmaba que el Ejecutivo va a poner en marcha toda la maquinaria con urgencia para que la declaración se suspenda y sea declarada inconstitucional.

Para eso, el primer paso es una reunión urgente del Consejo de Estado que enviará su informe al Gobierno. En ese informe, el Ejecutivo basará su recurso de inconstitucionalidad que aprobará el miércoles en un consejo de ministros extraordinario. El jueves, el Tribunal Constitucional suspendería la moción aprobada en el Parlament.

Es decir, que Rajoy no descarta tener que adoptar otro tipo de medidas si el Parlament de Catalunya desobedece el dictamen del Constitucional

Oriol Junqueras, ha dicho en Al Rojo Vivo que "si el Constitucional tumba la moción, se cumplirá el mandato que dieron los catalanes". 

O dicho sin rodeos, desobedecer al alto tribunal, eso abriría un escenario de consecuencias políticas imprevisibles pero también de consecuencias legales. José Manuel Portero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña, explica que "puede acabar con esa persona conducida por las fuerzas de seguridad del Estado y sentarse en el banquillo".

En la vertiente institucional, está sobre la mesa el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, al que ya no se oponen ni los socialistas catalanes. En Al Rojo Vivo, Miquel Iceta, ha dicho que "si es justificado", no están en contra.

Pero esa retirada de competencias podría ser gradual. Por ejemplo, el ministro de Interior no ha querido descartar tomar el control de los Mossos. Sobre cortar el grifo de la financiación, Rajoy en principio está en contra, eso también sería, dice, malo para España.