Ocho años después de que el juez Pablo Ruz abriera una pieza separada del caso Gürtel para investigar los famosos papeles manuscritos de Bárcenas, el último gran escándalo de financiación ilegal de un partido político en España llega a juicio. El extesorero del PP se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados para detallar la contabilidad de dinero negro, opaca al Tribunal de Cuentas y a la Hacienda Pública, que existió en el partido al menos entre los años 1982 y 2009.
Bárcenas quiere morir matando y avanza en su escrito que tiene la "voluntad de colaborar con la justicia", no solo en esta pieza, sino en todas las que estén "pendientes de enjuiciamiento o en plena instrucción". Eso incluye la parte de la investigación sobre la caja B del PP que está abierta, y que trata de dilucidar si las donaciones que realizaban a la formación grandes empresas del sector de la construcción se hacían a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, y otros sumarios como el que, uniendo las pesquisas de los casos Púnica y Lezo, aborda la financiación irregular de los populares madrileños en la etapa de Esperanza Aguirre.
Desde el día en el que estalló el escándalo, la dirección del PP trató de sostener ante la opinión pública que se trataba de una caja B de Luis Bárcenas que nada tenía que ver con las finanzas de la formación. De hecho, sus dirigentes nunca colaboraron con la investigación hasta el punto de que el 20 de diciembre de 2012 el juez instructor, Pablo Ruz, tuvo que enviar a agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional a la sede del partido, en la calle Génova de Madrid, para que recogieran la documentación sobre las obras de reforma en el edificio que había pedido y estos se negaban a entregar.
Una parte de esos trabajos, que fueron encargados al estudio de arquitectura Unifica, se pagaron con dinero negro procedente de las donaciones, que se troceaban y se ingresaban en cantidades inferiores a 60.000 euros en la sucursal situada frente a la sede del PP. De esa forma, según Bárcenas, se sorteaban los controles del Tribunal de Cuentas.
Las obras, con pagos por valor de 888.000 euros por los que no se abonó el Impuesto de Sociedades del año 2007, suponen, según las acusaciones, un delito fiscal por el que tendrán que responder Bárcenas, el entonces gerente del PP, Cristóbal Páez; los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García; y la empleada de la empresa Laura Montero.
Ocho millones en donaciones ilegales
Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los papeles de Bárcenas, a un total de ocho millones de euros entre los años 1990 y 2009. Sin embargo, en el juicio solo se analizará el ejercicio de 2008, el único que no ha prescrito a efectos fiscales teniendo el cuenta la fecha en la que se abrió la investigación. Los acusados serán juzgados por otro delito fiscal por la cuota de 220.000 euros que presuntamente se habría defraudado en relación con el Impuesto de Sucesiones de 2008. En ese año el PP recibió donaciones por valor de 1.055.000 euros, según se recoge en el auto de apertura de juicio oral redactado por el segundo instructor de la causa, el juez José de la Mata.
En la causa también se ventilarán los sobresueldos que supuestamente habrían recibido los principales dirigentes del PP, entre los que se encontrarían el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que Bárcenas acusa en su último escrito de haber destruido sus papeles manuscritos introduciéndolos en una trituradora que tenía en su despacho. "¿Todavía tienes esa documentación comprometedora?", asegura que le preguntó.
El extesorero también desliza en su carta a Anticorrupción que existe una grabación, registrada por una persona de "confianza" de Lapuerta, que confesaba que "las entregas en metálico se realizaban mensualmente" a altos cargos del partido, entre los que cita a Rajoy. En el sumario de la operación Kitchen aparece una conversación en la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguraba que tenía "inmortalizado" al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato reconociendo que "Rajoy iba delante" de él en la fila, "cada uno con un sobre" entregado por Lapuerta.
En otra grabación Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas al que la denominada "policía patriótica" captó para espiar sus movimientos y arrebatarle las pruebas que pudiera guardar sobre la caja B del PP, confesaba a Villarejo que el extesorero también había grabado al exsecretario general Javier Arenas "soltando lindezas de todo el mundo menos de él". "Arenas está muerto" decía Ríos.
Rajoy y Aznar, entre los testigos
Rajoy, Rato y Arenas comparecerán como testigos en un juicio en el que también tendrán que declarar otros antiguos dirigentes del PP como el expresidente del Gobierno José María Aznar o los exsecretarios generales Ángel Acebes, María Dolores de Cospedal y Francisco Álvarez-Cascos. El PP, como persona jurídica, también será juzgado con la condición de responsable civil, razón por la cual en mayo de 2016 el juez De la Mata le impuso una fianza de 1,2 millones de euros con la amenaza de embargar la sede si no depositaba esa cantidad.
Los magistrados José Antonio Mora (presidente), María Fernanda García (ponente) y Fernando Andreu también juzgarán si Lapuerta se quedó, con conocimiento de Bárcenas, 209.550 euros de la caja B del PP que había tomado prestados en una operación concertada desde el partido para comprar acciones del periódico Libertad Digital. Bárcenas también lo hizo y por ese hecho ya fue juzgado y condenado en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel.
Por la caja B del PP el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral pide cinco años de cárcel a Bárcenas por delito fiscal, falsedad documental y apropiación indebida; y un año y medio a Páez por los dos primeros delitos. A los socios de Unifica les reclama tres años y diez meses de prisión. Sin embargo, en el juicio hay seis acusaciones populares -el PSOE de Boadilla del Monte, el PSPV, IU, Adade, Manos Limpias y el Observatori DESC- que elevan las penas de cárcel hasta los 27 años y 7 meses para Bárcenas y los 24 años y 7 meses para Páez. La razón es que los socialistas valencianos y la coalición integrada en Unidas Podemos incorporan, respectivamente, a esa ristra de delitos los de asociación ilícita y organización criminal.