Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio que dirige Pilar Llop han firmado este martes un acuerdo --que incluye una subida de hasta 450 euros brutos al mes-- para poner fin a la huelga que mantenía el cuerpo de funcionarios desde el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen la carga de trabajo asumida en los últimos años.

Tras casi dos horas de reunión, el comité de huelga ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio después de que este lunes los LAJ votaran en sus asambleas provinciales a favor de firmar el acuerdo.

Según ha precisado en declaraciones a la prensa Juan José Yáñez, miembro del comité de huelga, han salido del encuentro con Justicia con una sensación "agridulce", aunque ha confirmado que han firmado el acuerdo y que han desconvocado la huelga.

Según informó este lunes el Ilustre Colegio Nacional de Letrados, el apoyo mayoritario respaldó al comité de huelga para que en la reunión de este martes aceptara las condiciones de Justicia y pusiera fin a la huelga una vez que se aclarase "algunos términos del acuerdo final" que quedaban por "matizar".

Las fuentes consultadas por Europa Press señalan que la oferta de Justicia contempla una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra a enero de 2024 y una última a julio de 2024.

Una decisión adoptada el lunes

Las asambleas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) apoyaron este lunes desconvocar la huelga que comenzó hace dos meses y que tiene en suspensión a miles de juicios. La propuesta del Ministerio de Justicia a los letrados, que ofrece una subida de 450 euros al mes, ha obtenido el respaldo de la mayoría en las asambleas, concretamente el 76%.

De los 2.013 votos emitidos, 1.524 -que representan el 76%- han sido a favor; 421 en contra -el 21%- y 68 abstenciones -el 3%-, de acuerdo a los datos que maneja el Colegio de LAJ.

El acuerdo llega después de más dos meses de huelga en los que, según los datos de las asociaciones convocantes, se han suspendido unos 356.000 juicios y vistas, han quedado paradas unas 424.000 demandas y se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.

Llop ha pedido el fin de los paros

Además, añaden que la propuesta del Ministerio de Justicia "asume la trascendencia de las letradas y letrados de la Administración de Justicia". No obstante, señalan que dicha propuesta "no llega a donde les gustaría a todos": "Pero que valoramos en beneficio del servicio público que prestamos".

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha valorado en relación que "afortunadamente", en los últimos espacios de diálogo que han tenido con ellos la semana pasada, se ha llegado a una propuesta que ha calificado de "viable para las dos partes", tras lo que les ha pedido que "desconvoquen ya la huelga".

"Lo que sí les pediría es que desconvoquen ya la huelga, es una huelga indefinida con todo lo que ello conlleva", ha resaltado Pilar Llop, que ha hecho hincapié en que no son paros parciales, ni una huelga que se convoca en días "puntuales" en que los profesionales, como abogados, procuradores, graduados sociales, las propias partes de los juicios o los testigos puedan saber "qué día hay de huelga".

"No, al ser una huelga indefinida en cualquier momento, cualquier letrado puede acogerse a ese derecho sin previo aviso y, por lo tanto, esto está también ocasionando un grave daño a los profesionales", ha remarcado la ministra, que les ha pedido que desconvoquen "ya" la huelga: "Si estamos dialogando con propuestas realistas que desconvoquen ya la huelga".

Llop también ha detallado que la propuesta le cuesta a su ministerio 61 millones de euros. Sobre dicha cuantía, ha agregado que "es más" de lo que dicho ministerio destina a la asistencia jurídica gratuita, "es decir, a asistir a personas que, por carecer de recursos suficientes, tienen que utilizar la asistencia jurídica gratuita para litigar y, por tanto, reclamar ante los tribunales de Justicia sus derechos e intereses legítimos".