En el auto, María Núñez bolaños, magistrada que investiga el caso de los ERE, acuerda incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico de los ERE por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación" del que serían responsables los 51 altos cargos.

La previsión del juzgado es que la tramitación de estas nuevas diligencias puedan estar concluidas el próximo año y que, antes de final del 2016, se pueda celebrar el primer juicio de los ERE, un caso que empezó a instruirse hace casi cinco años.

Los 52 cargos de la Junta, entre ellos nueve exconsejeros, habrían participado de forma activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico, según la juez.

Con este procedimiento "se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas (subvenciones) por razones sociolaborales y por otros motivos diversos", señala la instructora antes de recordar que las transferencias no se podían usar con ese fin.

En esta pieza se incluyen, entre otros, a todos los que fueron aforados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en esta causa: los expresidentes Chaves y Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.

Además, están los exconsejeros Antonio Fernández, Martín Soler y Magdalena Álvarez así como el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero.

En su anterior auto, la juez recordó que "ya existe un criterio sólido expresado en fechas recientes por el Tribunal Supremo no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado, sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos", por lo que unirá a esta pieza separada íntegramente tanto la pieza de los aforados del Supremo como del TSJA.

En esa instrucción se analizaban "los problemas que habían venido generando el uso de las "transferencias de financiación" por las empresas y otros entes públicos dependientes de la Junta de Andalucía".

Estos problemas se debían a que, "en mayor o menor medida, destinaban ayudas o subvenciones a terceros, actuando como gestor intermediario entre las Administraciones Públicas y los beneficiarios directos de las mismas", resalta la juez.