Las obras en la vivienda donde viven Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, se realizaron sin licencia. Es la conclusión de una inspección realizada la semana pasada por el Ayuntamiento de Madrid, cuyo informe, según avanzan 'El País' y la 'Cadena SER', concluye que esos trabajos, ya terminados, se llevaron a cabo sin el correspondiente título urbanístico habilitante.
La inspección la realizó una arquitecta técnica del Distrito de Chamberí el pasado lunes, coincidiendo precisamente con la primera comparecencia de González Amador ante la jueza en la causa contra él por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Su conclusión fue que "no se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas, las cuales se encuentran terminadas".
El acta de la inspección, llevada a cabo en el piso valorado en más de un millón de euros que la pareja de la presidenta madrileña adquirió en 2022 y en el que ambos conviven, detalla que se realizaron obras de acondicionamiento parcial en un único inmueble, descartando así la unión entre esta vivienda y el áticode la planta superior, adquirido el año pasado por el abogado de González Amador.
Concretamente, esos trabajos consistieron en la "redistribución de piezas, renovación de acabados e instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y ACS". También se instaló un sistema de climatización con dos equipos exteriores, se sustituyó la carpintería exterior y se instalaron toldos en la terraza. Todas estas obras están ya finalizadas.
Preguntado al respecto por la prensa este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que "ha habido inspección" y ha defendido que "el Ayuntamiento ha cumplido" y "va a continuar con el procedimiento administrativo": "Se va a seguir con los mismos trámites que con cualquier otro ciudadano", ha asegurado.
Un documento desaparecido
Por otra parte, según avanzan la 'SER' y 'El País', la persona que estaba en la vivienda en el momento de la inspección no quiso identificarse y no disponía de ningún "título administrativo que habilite las actuaciones realizadas". Aunque defendió que nunca recibieron la orden de cese, el informe municipal elaborado posteriormente señala que González Amador sí fue notificado en diciembre de 2022.
Ese informe técnico, firmado el viernes, recomienda actuar conforme a la Ley de Suelo autonómica, que contempla instar al dueño de la vivienda a que solicite la legalización de las obras en un plazo de dos meses. De no hacerlo, podría ordenarse su demolición.
Por otra parte, 'El País' cita un tercer documento en el que los técnicos daban dos meses a González Amador para obtener la licencia y le advertían de posibles sanciones económicas. Sin embargo, este documento desapareció el mismo viernes de la plataforma, una circunstancia que Más Madrid, que había denunciado el carácter ilegal de las obras, ha denunciado como un "trato de favor escandaloso".