Que a partir de ahora la seguridad privada pueda encargarse de patrullar las calles, practicar registros y realizar detenciones, para las fuerzas de seguridad del estado sólo tiene un nombre: privatización.

"Se han perdido en España 6.000 policías y guardias civiles. Creemos o nos tememos que esto supone parchear ese gran déficit y que va a suponer que no se van a volver a recuperar", explica Alberto Moya, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

La nueva ley habla de una coordinación entre las fuerzas públicas y privadas para la seguridad, por ejemplo, de sitios como éste. espacios abiertos en zonas comerciales, el exterior de edificios públicos o cárceles, o polígonos industriales. Pero los sindicatos policiales alertan de que la medida puede traer problemas.

"No creemos que la formación que se da a un policía o un guardia civil que es de casi tres años y muy compleja vaya a ser la misma que la de los vigilantes de seguridad", afirma Antonio Labrador, del sindicato de Policía CEP.

Un vigilante de seguridad recibe unas seis semanas de formación práctica. Y desde el sector aseguran que son profesionales preparados: "La mayoría de los profesionales de la seguridad privada son gente bastante seria, no es el estereotipo que a veces se da de nosostros", Juan Carlos Rodríguez, jefe de estudios de la academia de seguridad Abalar.

Ayer la norma recibió luz verde parlamentaria con los votos de PP, CIU y PNV. Pero el resto de la oposición cree que se trata de un negocio para las empresas de seguridad, y una pérdida de derechos para los ciudadanos. "La seguridad ciudadana es un servicio público y se encargan las fuerzas públicas de seguridad", afirma Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE.

Desde Interior se habla de que sólo se trata de modernizar la ley para ordenar el trabajo de un sector que factura en españa 3.600 millones de euros al año.