El Gobierno no ha reclamado ningún informe jurídico sobre el ejercicio del derecho de manifestación, aunque siempre trabaja en conciliar su uso con los derechos de los ciudadanos que no participan en las protestas. 

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo "no ha reclamado ninguna posición jurídica" al Ministerio del Interior ni al Ministerio de Justicia sobre esta cuestión, "ni se está trabajando en este sentido".

No obstante, ha hecho hincapié en varias ocasiones en la defensa de los derechos de quienes no se manifiestan. "Si que analizamos en cada manifestación en qué manera esos itinerarios perjudican lo menos posible al resto de ciudadanos. Reconociendo el derecho de manifestación, la Delegación de Gobierno, en ocasiones avalada por los tribunales, ha tratado de reconciliar ambos conceptos y es en lo que estamos trabajando", ha explicado.

Ha enfatizado que "la violencia no puede tener ninguna justificación en ningún ámbito" y ha defendido "marcar la línea roja de la democracia". "Pediría a todas las fuerzas políticas que ahí no hagamos matices. Una cosa es manifestarse y otra aprovechar manifestaciones para atentar contra los derechos de todos los demás", ha zanjado.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, avanzó este miércoles que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponerle que se acuerden espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París, con tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró "muy atinada" esta propuesta.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reprochó a los dirigentes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid que no le apoyaron cuando hace año y medio habló de "modular" el derecho de manifestación.